Inseguridad: “Crónica de una muerte anunciada”

Por Guillermo Maciel (CORREO DE LOS VIERNES)

Las políticas del Frente Amplio han provocado una situación de impunidad, que es la mayor aliada e incentivo del delito. Sigue siendo “negocio” delinquir.

La prensa ha publicado datos oficiales sobre delitos que muestran que el año 2018 habría cerrado con más de 400 asesinatos (40% más que 2017) y 22.000 rapiñas (13% más que en 2017). Se trata de muy malas noticias para los uruguayos, aunque no sorprenden, por cuanto desde Fundapro, la Fundación Propuestas, ya se había alertado de este nuevo y triste record delictivo.

Con estas cifras, por un lado, se confirma el colosal fracaso de los gobiernos del Frente Amplio en materia de seguridad pública. También evidencian que nos encontramos frente a una “epidemia” de asesinatos. La gravedad del tema queda de manifiesto al comparar con la región: Uruguay cuadriplica la tasa de homicidios de Chile y duplica la de Argentina, Paraguay y Ecuador. Finalmente, le da la razón a Fundapro, que siempre ha señalado que sus cifras siempre son menores que la realidad.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, señaló que los delitos violentos disminuyeron en el 75% de los países del mundo y solo subieron en el 25% restante. Lamentablemente Uruguay se ubica en ese 25%.

Curiosamente ninguno de estos datos se manejó en la rendición de cuentas del presidente de la República, en el Antel Arena hace una semana.

El ministro del interior y algunos integrantes del gobierno, han salido rápidamente a pretender diluir el fracaso en los resultados, con explicaciones, responsabilizando del tema al nuevo Código de Procedimiento Penal, a los ajustes de cuentas, a la violencia familiar o a la sociedad en su conjunto.

Como se ha tornado habitual, no hay ni una sola auto crítica a la mala gestión, a un gobierno fallido, a un Estado ausente, y lo más sorprendente, tampoco se responsabiliza a los delincuentes por su accionar. Los gobernantes del Frente Amplio a falta de resultados positivos vuelven a apelar a las explicaciones, los diagnósticos y las justificaciones. Resulta increíble que luego de más de 9 años en el cargo, el señor ministro aún no sepa cuál es su función. La de disuadir, prevenir y reprimir el delito, y no la de contarnos por qué nos roban o nos matan.

A su vez, el gobierno no toma conciencia, de que, haciendo lo mismo una y otra vez, no es posible obtener resultados diferentes. Y como consecuencia estos son los peores resultados en la historia del Uruguay.

Cabe asimismo recordar que los terribles fenómenos del sicariato, los ajustes de cuentas, las bandas de narco traficantes, y las violentas disputas territoriales, aparecieron, se instalaron y crecieron bajo los tres gobiernos del Frente Amplio.

Otro aspecto a señalar refiere puntualmente a las rapiñas. Se señala que serían unas 22.000 en 2018. Este dato llama la atención, por cuanto la cifra debería ser sustancialmente mayor. En efecto, si el propio Ministerio del Interior reconoció oficialmente que en el 1er. semestre de 2018 ocurrieron más de 14.400, cuesta comprender una abrupta caída a menos de 7.500 en el segundo semestre de 2018. Obsérvese que la tendencia estadística de los años 2014 a 2017 acredita que, en cada 2º semestre de esos años, sucedieron en promedio unas 10.000 rapiñas. Y que la constante, es una cierta correlación entre un semestre y el siguiente. Pero resulta que ahora y pese al crecimiento significativo del 1er. semestre de 2018, bajan fuertemente en el 2º semestre. Sin atribuir intencionalidad, subregistros, o manipulación de los datos, podría tal vez encontrarse la explicación en un aumento de la tasa de no denuncia. En fin, el problema aquí es que no es posible auditar las cifras del ministerio del interior, para corroborarlas y hacerlas más transparentes.

Como corolario. La impunidad es el mayor aliado e incentivo del delito. Los gobiernos del Frente Amplio no han logrado desalentar que sea “negocio” delinquir (“ecuación riesgo/beneficio”). Es imprescindible revertir el aumento de la impunidad y la caída del poder disuasivo penal. Debe desalentarse al delincuente y eliminar aquellos factores que operan como incentivos u oportunidades de las condiciones para incurrir en la criminalidad. Esto es posible haciendo de la seguridad pública una prioridad; desterrando una conducción ideológica de la seguridad (que hoy les nubla la razón); reestableciendo la autoridad; respaldando a la policía; potenciando la investigación y la inteligencia policial a fin de mejorar la tasa de esclarecimiento de los delitos (que hoy es desastrosa); todo ello, con una estrategia idónea, pragmática y efectiva contra la delincuencia. Claramente no es algo que se pueda esperar del Frente Amplio.