Inefop, una historia de nunca acabar.
Una nueva auditoría de la última administración frenteamplista del Inefop, que pasó inadvertida, reveló "niveles de criticidad extremos" en las capacitaciones a trabajadores, en el control de asistencia a los cursos, en la planificación presupuestal y en el control de prórrogas de los programas. Además, se constataron reiteradas violaciones a la Ley de ética pública. Todo esto, se suma a los convenios irregulares, salarios extraordinarios y gastos sin control por más de $ 300 millones que fueron detectados en una auditoria previa.
La fiesta frenteamplista del Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) no es nueva. Desde su creación, bajo la administración de Mujica en 2011, este Instituto gastó como si no hubiera un mañana. Financió cuanto proyecto se le presentó y repartió dinero, tanto a sindicatos como a gremiales, a diestra y siniestra.
Por supuesto, como en toda creación frenteamplista, el nivel de derroche fue directamente proporcional al desfinanciamiento del Instituto. Según su Ley fundacional, el Inefop se financia con un fondo al que aportan los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Mientras los primeros cumplieron, los gobiernos del Frente Amplio acumularon una deuda de 65 millones de dólares entre 2012 y 2019. No obstante, la fiesta continuó.
Su "inversión" más "famosa" consistió en prestarle a la inviable Envidrio, dirigida ilegalmente por el exdiputado mujiquista Placeres, la suma de 1,5 millones de dólares, apartándose de sus cometidos y competencias. El resto de la historia es conocida por todos: hasta el día de hoy, que Envidrio se encuentra en concurso de acreedores, el Estado Uruguayo no ha visto un sólo centavo de esa extraordinaria suma que el Frente Amplio decidió "invertir" en una de las "velitas al socialismo" de Mujica.
Por si fuese poco, entre octubre y diciembre de 2020, cuando el nuevo gobierno presentó los primeros resultados de las auditorías de gestión pública, se conocieron detalles aún más alarmantes.
En un informe preliminar de la Auditoría Interna de la Nación, publicado en octubre, se identificaron nueve "hallazgos" de "riesgo extremo". El más escandaloso, dado a conocer por el Semanario Búsqueda, indicaba que, entre 2017 y 2019, el Fondo de Reconversión Laboral, administrado por Inefop, destinó $ 150,2 millones para "formación e investigación en materia de negociación colectiva"; sin embargo, las organizaciones empresariales y el PIT-CNT gastaron ese dinero en "pago de cenas", "compras en supermercados", "service de vehículos", "clínica odontológica", "mantenimiento edilicio", entre otros rubros.
Meses después, en diciembre, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, publicó los resultados de cuatro informes de auditoría realizados por la Auditoría Interna de la Nación. En dicha oportunidad, se supo que además de los $ 150,2 millones malgastados en "cenas" y "compras en supermercados", el Inefop repartió más de $ 208 millones en entidades en las que participaban sus Directores, que a su vez cobraban salarios que, en algunos casos, superaban los $ 500 mil.
Hace pocos días, específicamente el lunes 3 del presente, el Ministerio de Economía y Fianzas publicó un nuevo informe de auditoría. En particular, se evaluó si los fondos transferidos a entidades de capacitación por parte del Inefop fueron "aplicados en forma íntegra, eficiente y de acuerdo con el marco normativo".
Como el lector imaginará, los resultados de la nueva auditoría no son para nada auspiciosos. La evaluación, realizada para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, refleja la "falta de capacidad" del Instituto, durante el período de alcance analizado, para "utilizar los recursos financieros de manera económica, eficaz y eficiente en pos del cumplimiento de su cometido fundamental".
En concreto, la Auditoria Interna de la Nación encontró ocho hallazgos de "criticidad extrema". La gestión del Inefop era tan desastrosa que, siendo su cometido fundamental la ejecución de políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo, no contaba con un estudio de la demanda del mercado laboral, ni realizaba intercambio de información con el BPS. En consecuencia, dice el auditor, "no existía una política de capacitación respecto de esta población".
Durante todo el período de análisis, las capacitaciones a los trabajadores en seguro de paro fueron realizadas en base a las ofertas de las entidades de capacitación. Es decir, que sin análisis, "se validó a las mismas como representativas de las necesidades reales del mercado". En dichas capacitaciones, se (mal) invirtieron $ 629 millones de 2017 a 2019.
Además, las entidades de capacitación, que tenían este nivel de decisión, eran seleccionadas sin ningún tipo de control. A modo de ejemplo, dice el informe de auditoría, "no exige al momento de la inscripción y de la celebración del contrato, el certificado a las cooperativas expedido por la Auditoría Interna de la Nación y el certificado de vigencia jurídica de organizaciones y fundaciones civiles, pudiendo en los casos que no estaban vigentes, ocasionar la nulidad de los contratos celebrados".
Igual de irregular fue la gestión de los cursos brindados por las distintas entidades de capacitación. Por ejemplo, en este aspecto en particular, la auditoria detalla: "el control de asistencia de los beneficiarios a los cursos que implementó el Instituto presenta debilidades, ya que las planillas exigidas a las entidades de capacitación no permiten comprobar la veracidad y oportunidad de la asistencia efectiva de los beneficiarios a dichos cursos. Por lo que, la validación de las mismas habilita la gestión de los pagos de los cursos".
Además de los problemas de selección trasparente de las entidades de capacitación y el control efectivo de los cursos que éstas brindan, la auditoria encontró un uso habitual y recurrente de las prórrogas para la ejecución de los cursos. A modo de ejemplo, "la capacitación contratada con una empresa de transporte se mantuvo vigente mediante prórrogas desde 2015, aún cambiado el objeto inicial, por lo que estas implicaron cambios en las condiciones originales".
Finalmente, las joyas de la corona. Como era de esperar, la auditoria también constató "la inexistencia de un criterio de planificación presupuestal de los gastos de capacitación por parte del Instituto". Es decir, que la sola aprobación de las capacitaciones implicaba su realización. Con este margen de arbitrariedad, tampoco se controló, violando reiteradamente la Ley de ética pública, "la existencia de vínculos" de funcionarios y jerarcas del Inefop con las entidades de capacitación externas.
Pese al reordenamiento lógico de prioridades, producto de la pandemia en curso, el gobierno de coalición sigue cumpliendo su palabra. Las auditorias siguen su curso. Muchas se encuentran en la Justicia, que será quien determine las consecuencias penales. A esta altura, las éticas y las políticas están más que claras.
Correo de los viernes. ... Ver másVer menos
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