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La madeja del Ingeniero Casaravilla

Julio Luis Sanguinetti (Semanario OPINAR)

Emiliano Cotelo entrevisto hace unas semanas al diez años presidente de UTE y uno de los responsables principales del desastre llamado Gas Sayago. Primero la oí y luego la leí para confirmar la sensación de desasosiego que me provoca este tema, mi dificultad para calificar hechos y personas, ubicar las cosas en sus justos términos y sacar conclusiones. Un profesor de Lógica o de Proyectos probablemente acabaría con su vida ante la abrumadora cantidad de insensateces, inconsistencias, pensamientos mágico … todo rayano con la mala fe, el dolo, la arbitrariedad o la estupidez. Créanme que el evento es incalificable e inclasificable y seguramente criminal.

Empecemos por el final. Casaravilla tiene una estrategia de comunicación orientada y decidida a evitar ser condenado por los tribunales jurisdiccionales. Primero asume la responsabilidad del proyecto fallido –por demás inocultable luego de las declaraciones de Danilo Astori- , sigue un intento de achicar y entreverar los números minimizando el daño al Estado y trata de darle razón a la sinrazón a través de un cúmulo de medias verdades, pequeñas o grandes mentiras, finalizando con un llamado a “la recuperación del espíritu multipartidario en el sector energético”  ofreciéndose para colaborar en el plan colectivo. Un ejercicio de cinismo pocas veces visto si tenemos en cuenta que el señor acaba de lograr – por falta de planificación y capacidad de ejecución- uno de los desastres más importantes de la historia del país y como el confiesa en la entrevista, a pesar de “haberse dedicado a la planificación energética toda su vida”.

Casaravilla es responsable por donde se lo mire o analice. 1. Era el presidente de UTE y pudiendo haber detenido el proyecto en cuatro oportunidades no lo hizo. 2. Decidió constituir una sociedad anónima sin hacer el análisis de cual formato sería el mejor a través del estudio “Value for Money” y eludir los contralores del Estado. 3. Decide instalar 1500 Mw de energía eólica cuando el acuerdo multipartidario sugería 300 en simultánea a esta planta que podría hacer funcionar a UTE por si sola. 4. Decide entregar y compartir el control de la sociedad con Ancap a pesar de tener el 80% de las acciones y poner el 90% del capital. 4. Arbitrariamente decide llevar adelante el proyecto cuando Argentina se había retirado antes de constituir la sociedad e iba a ser el responsable de la compra de la mitad de lo que produciría. 5. Tomo las decisiones sin mandar hacer un proyecto de factibilidad económica, un análisis de riesgo, un estudio de demanda a pesar del retiro de Argentina y varios informes que validaran las decisiones. 6. Mando hacer la justificación de los números de la ecuación económica y compararla con un barril de petróleo a 110 dólares como alternativa energética. Es decir, amañó el resultado a su conveniencia ya que no era descabellado hacer por lo menos tres escenarios de factibilidad económica. 7. Cobra la multa de 100 millones de dólares y gasta 16 millones en “reposicionar” un proyecto que ya había perdido a su principal comprador y cuyo ejecutor GNLS había huido del mismo –entre otras cosas- por el oscuro trasfondo de la contratación de la OAS caída en el “lavajato”, según dichos de Casaravilla. 7. Debería explicar porque si esta planta iba a proveer energía que permitiría a UTE producir un Mw a un costo de 50 dólares simultáneamente firmaba la privatización de la producción energética del país con empresarios privados a 62 dólares como piso. 8. Dice a Cotelo “hubo muchísimos estudios durante mucho tiempo”. No los encontramos, no los tenemos y PWC en su auditoria lo deja cierto. La empresa se constituye en 2010 y recién en 2012 aparece en la DNE un pre estudio escolar de factibilidad. Las preguntas podrían seguir al infinito pero serán el fiscal y el juez quienes deberán hacerlas.

¿Ejercicio de voluntarismo? ¿Arbitrariedad? ¿Manejo doloso de fondos públicos? ¿Omisión a los deberes del funcionario público? ¿Abuso de funciones? Todo el abanico de posibilidades se cumple y dependerá de la justicia adonde se fija el límite de las responsabilidades penales ya que las políticas están más que claras. Nuestra capacidad de olvido en esta sociedad sobre noticiada y poco informada nos llega de la mano del ex presidente, cuando suelto de cuerpo sentenció: “esto se hace con Argentina o contra Argentina” para después agregar “necesitamos gas”. Mejor resumen imposible pero evidentemente alguien dio la orden de seguir a como diere lugar y de que se contratara por un privado -Gas Sayago – controlado por funcionarios públicos y con fondos públicos a una empresa “amiga” brasileña (OAS) que termino cayendo en el famoso lavajato.

UTE ya presento su “noticia criminal” y pondrá a andar el mecanismo judicial nuevamente. Nueva prueba, una reconstrucción inédita de los hechos, de las decisiones y las consecuencias, en un documento realizado por una empresa que no tiene necesidad de comprometer su buen nombre internacionalmente con un trabajo deficitario. Omisiones y abusos arbitrarios en reiteración real culminaron con un gasto indecente de 213 millones de dólares. Y eso que en esa cuenta no figuran ni las contingencias vigentes ni tampoco los recursos humanos y económicos que UTE y Ancap pusieron a disposición a lo largo de 15 años. Tienen mucho que explicar Mujica, Sendic, Casaravilla, Kreimerman, Cosse, Briozzo, Mendez, Jara y una larga lista. Demasiada arbitrariedad durante demasiado tiempo con demasiado dinero.

UTE denunciará ante Fiscalía lo actuado en Gas Sayago durante los gobiernos del Frente Amplio. Texto completo del resumen de la Auditoría realizada

AUDITORIA DE GAS SAYAGO REALIZADA POR PRICEWATERHOUSE COOPERS

En el mes de octubre pasado, UTE contrató a la empresa PricewaterhouseCoopers para realizar la auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora responsabilidad de GAS SAYAGO S.A.

Analizado el documento final de la auditoría por parte del Directorio de UTE y considerando el informe legal de nuestra Área Jurídica, podemos trasmitirles que en los informes se detallan múltiples evidencias que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio.

A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal.

Si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas UTE y ANCAP.

Algunas de las principales conclusiones que se detallan en el informe de auditoría de PWC son las siguientes:

  • El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y ANCAP y con los 100 millones de dólares antes mencionados.

Esta suma no es final: primero deben agregarse las eventuales condenas ya que Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, segundo se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata lo cual está estimado en 8 millones de dólares, tercero los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la Sociedad mientras dure su liquidación, cuarto los gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabilidad de Gas Sayago.

Según se infiere del informe de auditoría se llega a estas cifras de pérdidas, por mantener vigente un proyecto inviable.

  • PWC no detectó la existencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un Plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.

No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos.

  • La clave para la viabilidad del proyecto, era la participación de Argentina. Ya en el 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad.

No obstante, se siguió adelante aun cuando en paralelo se estaban construyendo parques eólicos por más de 1000 MW, los cuales está demostrado que eran suficientes para abastecer la demanda de energía.

En este escenario, sin la participación de Argentina, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras un 84% superiores a los estimados, igualmente se prosiguió con el proyecto.

  • Respecto a los procesos de contratación, en el informe de la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS. Esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos.

Los resultados del incumplimiento de OAS también fueron comprobados. OAS también subcontratista de GNLS, incumplió con sus obligaciones.

  • Desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre 2019 en que comienza el proceso de liquidación de GSSA, en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó.

No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable. Esto hizo que de los 100 millones de dólares de la garantía: 20 millones fueran destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y  21 millones al pago de activo fijo.

  • Si consideramos los gastos gestionados por GSSA, se puede destacar que se abonaron del orden de 10 millones de dólares por concepto de consultorías y también del orden de 10 millones de dólares fueron las remuneraciones abonadas entre 2012 y 2019.

Según la encuesta de remuneraciones de PWC, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. En particular, el salario del Gerente General se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016.

Los funcionarios contaban con una serie de beneficios: gastos por viajes al exterior (290 mil dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247 mil dólares), gastos de alimentación (212 mil dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido,  entre otros gastos superfluos.

En definitiva, este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable:    1) se sobredimensionaron ingresos y 2) se subestimaron egresos lo que generó un grave daño patrimonial al Estado.

Por tanto, el Directorio de UTE en el día de hoy aprobamos el Informe de gestión de Gas Sayago y decidimos ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad.

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El turismo y la esperanza 

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Sin lugar a dudas, el sector turístico ha sido de los que más ha sufrido el embate de la emergencia sanitaria. Pero el gobierno no ha permanecido de brazos cruzados a ese respecto.

Cuando creamos el Ministerio de Turismo, en 1986, en nuestra primera Presidencia, lo hicimos pensando en darle coherencia e impulso a las imprescindibles políticas de desarrollo de un sector que venía creciendo al impulso privado no siempre con orden. A partir de entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Se estima que es un 11% del total de la ocupación del país, lo que mide su relevancia social. En el terreno económico también es innegable su importancia, estimándose en el entorno de un 3,4% del PBI, aproximadamente, si nos ubicamos en una cifra de U$S 1.700 o 1800 millones de ingresos por ese concepto; mucho más -en torno a un 8%- si a esa cifra le sumamos los servicios, como hacen las estadísticas habituales.

Para el Partido Colorado, entonces, el turismo es uno de los grandes objetivos del desarrollo nacional y para él trabajamos años y años, desde la restauración patrimonial de Colonia hasta el desarrollo del turismo termal. Por eso mismo, en el actual gobierno de coalición se propuso a uno de sus mejores hombres en el tema, el Dr.Germán Cardoso, para ocupar el Ministerio. A él, como a todo el país , el 13 de marzo se le cambiaron todos lo planes y lo que se pensaba fuera planificar una expansión normal, ha tenido que ser una estrategia defensiva para salvar lo más posible en medio de un vendaval arrasador.

En el mundo entero se reconoce al turismo como el sector de actividad más dañado. La Organización Mundial de Turismo, que ubica en un 4% la caída de la actividad cuando la crisis financiera de 2009, establece para el año 2020 una caída del 74% de las llegadas. Es el peor año de la historia. Quizás nada sea más dramáticamene expresivo que la imagen de una Venecia desierta, transformada en una vacía y dramática escenografía.

Nuestro país ha sufrido, naturalmente, enormes daños. Siendo nuestro turismo un 70% de extranjeros y 30% de nacionales, es evidente que se vive el derrumbe inevitable de los cierres de frontera. Basta señalar que si el hospedaje en general ha caído a la mitad, un 50% aproximadamente, es porque se ha intensificado el turismo interno para que la caída no fuera aún mayor. Naturalmente, los uruguayos tienen menor poder adquisitivo que los argentinos o brasileños veraneantes que configuran el turismo habitual, de modo que todo empieza por reconocer esta situación de guerra (o catástrofe).

Frente a ella, el gobierno adoptó muchas medidas generales que trataron de paliar la situación de las empresas, especialmente medianas y pequeñas, como fueron los créditos con la garantía del Estado (SIGA), que alcanzaron a 13 mil empresas de esa categoría, entre las cuales están las turísticas. Sin olvidar, naturalmente, la protección al personal desocupado, con el seguro de desempleo, acrecentado con la nueva modalidad más flexible, con gastos superiores a los 250 millones de dólares.

Hubo, además, muchas medidas específicas, de diversos orden. Para estimular a los consumidores se suspendió el IVA para los servicios hoteleros, se redujeron 9 puntos del IVA en gastronomía y arrendamiento de vehículos. Se exoneró del pago de IRPF a arrendamientos turísticos con operaciones inmobiliarias, el Banco de la República lanzó su tarjeta Masterard BROU «Recompensa» y hasta se negoció con los supermercados una canasta turística de 300 artículos.

Estas medidas, como la plataforma de apoyo al turismo interno y la promoción de los circuitos turísticos nacionales, generaron un interesante incremento en la demanda en algunos lugares. Uno tradicional, como las termas, tuvo un funcionamiento muy interesante. Y algunas actividades al aire libre, en el campo o en lugares pintorescos, se duplicaron, dejando el remanente de un conocimiento del país no siempre cabal para todos los uruguayos urbanos.

A los operadores se les dispuso una línea especialísima de los ya mencionados créditos SIGA, pensado para hoteles, campings, restaurantes, agencias de viajes y todas las diversas ramas del sector. Asimismo, se autorizó a las empresas de intermediación financiera a extender el período de gracia para la amortización del capital hasta 12 meses, en las situaciones problemáticas. El BPS aportó $8.000 para subsidiar el sueldo de cada un nuevo empleado o cada empleado retomado del seguro de desempleo en servicios hoteleros o gastronómicos. A los guías turísticos se les implementó un subsidio mensual transitorio de $6.700. Se aprobó la Ley 19.913 sobre exoneración de los aportes patronales al BPS para agencias de viajes y empresas de transporte turístico. Se prorrogaron pagos a DGI y a BPS de los monotributistas. UTE y OSE ofrecieron una exoneración de cargos fijos y otras facilidades. Podríamos seguir enumerando una larga lista de medidas de alivio, que si bien no cambiarán lo fundamental de la ecuación, porque el gasto de los turistas no se puede reinventar, tienden a tratar de salvar lo más posible a las empresas en situación crítica.

¿Falta? Por supuesto, falta y seguirá faltando. En lo particular, hay sectores como el de eventos, que no han caído específicamente en algunos beneficios de los mencionados, o el de agencias de viaje, que están requiriendo un tratamiento especial porque su actividad ha sido totalmente nula. Nadie ignora estas situaciones. En nuestro Partido hemos analizado todas ellas y a través de nuestro Ministro seguiremos luchando codo con codo por una actividad que en el último medio siglo pasó de ser Punta del Este y poco más, a todo un país que se está descubriendo a sí mismo.

Se puede razonablemente pensar que el proceso de vacunación, en tres o cuatro meses, permitirá al mundo aflojar fronteras y mirar el futuro con algo más de tranquilidad. Lo perdido es irrecuperable, porque si en el conjunto del país se perdieron entre U$S 1.500 y 1.800 millones de producción, este agujero ya fue. El desafío es que no se siga agrandando y se desarme la máquina de trabajo , que tendrá que estar disponible cuando tenga posibilidad de ponerse en marcha. Esto es muy complejo, tan complejo como que en una punta tenemos grandes hoteles y en la otra pequeños empresarios que tienen una camioneta o filman fiestas, con una plétora formidable de actividades muy diversas.

Nadie está feliz. Todos estamos preocupados, pero se están haciendo cosas y se seguirán haciendo. Ninguna dará satisfacción total, pero si se gana tiempo de sobrevivencia, no es alocado soñar con que la temporada turística que alumbre este fin de año sea la mejor en medio siglo.

 

Historias y leyendas

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

El 8 de febrero cometí la «osadía» de recordar en un pequeño tuit que se conmemoraban 48 años del inicio del golpe de Estado, evocando la resistencia de la Armada comandada por el Almirante Zorilla y el apoyo que el Frente Amplio y la CNT le dieron a los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas.

De inmediato las redes se incendiaron de vituperios frentistas y hasta no faltaron periodistas confundidos, comentando lo que veían como una discutible «opinión» mía y no una simple constatación de hechos. Ellos inequívocamente dicen que la dirigencia de izquierda, política y sindical, intentó sumarse al golpismo en 1973, estimando coincidencias con los postulados militares. Frente a la posición de los partidos tradicionales de que el dilema era «institucionalidad o golpe», se instaló la tesis de que era «entre oligarquía y pueblo». Para que los lectores actuales lo vean claramente, basta leer el editorial del mismo 9 de febrero, en que el diario comunista «El Popular», vocero tradicional de ese partido lo define: «Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo». O sea que la institucionalidad no es la prioridad y hay que intentar un gobierno con los militares.

El propio General Seregni es arrastrado al extravío y en la noche del 9 de febrero, cuando las instituciones estaban en vilo y los tanques en la calle, pide la renuncia de Bordaberry, sosteniendo que sólo es posible abrir un diálogo a través de «la interaccion fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia». A la misma hora, las Fuerzas Armadas lanzaban su primer Comunicado programático (el 4), anunciando que pasarían a participar activamente en la vida cívica y a impulsar un programa de gobierno

El Comité Central del Partido Comunista, pese a que el comunicado 7 despotricaba contra el marximo, soslaya el tema y sigue hablando de la «unión de los orientales civiles y militares».

El socialismo estaba en la misma línea y tanto Vivián Trías como José Dìaz sumaron su voz a la tesis de intentar el famoso co-gobierno civil y militar.

Hasta el Partido Demócrata Cristiano, sector de tradición democrática y de una izquierda muy moderada, se suma, felicitándose de que se rompe la «alianza trágica entre la ultraderechas y las FF.AA» y ahora se abre una oportunidad, para «no volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido».

En el Parlamento se escuchan las mismas voces. Para todo el Frente Amplio, la institucionalidad no es prioritaria.

Es más, la CNT no se quería resignar a que el antimarxismo proclamado por los militares les excluía. Hasta un mes y medio después, el 29 de marzo, lanzaron una proclama diciendo que «hemos valorizado los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, donde se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa».

En una palabra, contra el golpe, en aquel momento solo estuvo claramente el Batllismo y , pese a algunas confusiones, el wilsonismo. La izquierda toda con el golpe, confiando en que el General Álvarez, el «Goyo» Álvarez, aunque hoy parezca chiste, abriera el camino hacia un gobierno «nacional y popular», en la inspiración del que había llevado adelante en Perú el General Velasco Alvarado. Esa era la idea. La única voz disidente fue la de Carlos Quijano, en Marcha, que claramente escribió que lo primero eran las instituciones.

Esa es una realidad. No olvidemos tampoco que el otro sector de la izquierda,hoy pacificado, el MLN, había iniciado en 1963, en plena democracia de un gobierno colegiado de nueve miembros, más deliberante que ejecutivo, una acción violenta para derribar las instituciones democráticas. Eran los años del sueño de extender la revolución cubana. Ni siquiera escucharon la voz del mismísimo Che Guevara, que en el Paraninfo de la Universidad, en agosto de 1961, había dicho que el Uruguay era la mayor democracia latinoamericana y había libertades para conservar. Esa acción guerrillera fue la que sacó a los militares de los cuarteles y si nada puede excusar la responsabilidad de sus mandos en el golpe, es incuestionable que sin esa presencia violenta no se explica la desestabilización que terminó en golpe.

O sea que las dos vertientes de la izquierda uruguaya, la revolucionaria, y la política se sumaron , con ambición y oportunismo, al golpe de Estado que se inició el 9 de febrero de 1973, cuando se consagró la irrupción militar en la vida política nacional y la subordinación del poder civil. A la inversa, Jorge Batlle fue preso en octubre de 1972 por denunciar la complicidad de un grupo miliar con los tupamaros. Y Vasconcellos, con su «Febrero Armargo», realizó el más fuerte alegato en contra del malón militar que se venía. Dicho de otro modo: si no entraron al golpe fue porque el sector militar más conservador (Cristi y Zubía) mediatizó las ambiciones de Álvarez y bajó del ferrocarril, de un sartenazo, a los sindicatos y políticos que reclamaban un asiento.

A lo largo de muchos años, desde la restauración democrática se ha intentado cambiar los hechos. Muchos jóvenes se asombran cuando comprueban que los tupamaros no dsipararon un tiro contra la dictadura, que ya estaban presos cuando el golpe de Estado y que sus diez años de asesinatos y terrorismo solo se lanzaron contra la democracia. Y por eso, desgraciadamente, hay que volver a recordar estas circunstancias para que los hechos, simples hechos, hablen por sí mismos.

Todo esto, con ser importante como historia, tiene también una particular vigencia. Porque es lo que explica que para la mayoría del Frente Amplio, Venezuela no es una dictadura y Cuba sigue siendo una revolución en marcha después de medio siglo de una tiranía hereditaria, sembradora de miseria.

Nos gustaría estar discutiendo los caminos del futuro, pero ellos nunca se encontrarán si no despejamos los extravíos del pasado.

 

El Partido Colorado en el Gobierno

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Muchos correligionarios nos han comentado en estos días de pandemia que el Partido Colorado debería tener un protagonismo mayor, estar más en la prensa, generar noticias. Preocupados, además, por lo que algunos sienten como ausencia de liderazgo o, mejor dicho, de candidaturas prefiguradas, en lo que muchos están pensando.

A todos les he dicho lo siguiente: el Partido Colorado ocupa el mayor lapso de gobierno en la historia del país, sus instituciones están configuradas a nuestra imagen y semejanza, el Estado Batllista es una realidad que quisieron desarmar los blancos en 1959, que pretendieron derrumbar -aun por la violencia- los frentistas y que nadie pudo con ella porque es el ADN nacional. De esa larga historia surge nuestra vocación de gobierno, nuestro sentido de responsabilidad institucional y social, nuestro racionalismo. Éste muchas veces nos ha jugado en contra por cumplir nuestro deber, pasara lo que pasara: fue, por ejemplo, la crisis de 2002, en que el Partido hizo lo que había que hacer, salvó al país de la quiebra; hoy lo reconocen todos, pero pagamos un durísimo peaje electoral porque la mayoría de la gente no lo entendió.

A fines del período frentista lanzamos la idea de la coalición, en mayo de 2018. Fuimos parte fundamental de la construcción de una alternativa política que finalmente triunfó y hoy integramos ese gobierno de coalición.

En el gobierno hay Ministros, hay Subsecretarios, hay directores de Entes Autónomos. Naturalmente, no podemos ignorar que la renuncia al gobierno y a la vida política de quien fuera nuestro candidato, nos generó un momento de desacomodo. Pero hoy el partido está funcionando con normalidad, sus tres sectores trabajan con cordialidad y espíritu constructivo, el Comité Ejecutivo Nacional se reúne virtualmente todas las semanas y viene cumpliendo muy bien.

Esta semana hicimos una propuesta importante de nuevo impulso para el gobierno que integramos. El texto del documento lo publicamos en esta edición y lo hemos comentado en diversos medios radiales y televisivos, a partir de una conferencia de prensa, con el fantástico mural de Bategazzore como fondo colorido. La propuesta es colorada y batllista cien por cien. Colorada porque respira responsabilidad y sentido patriótico. Batllista porque apunta a atender las necesidades sociales mayores e impulsar las obras que puedan generar empleo. Bien opuesto a las ideas del Frente Amplio, que era repartir mucha plata al barrer, no crear un puesto de trabajo y comprometer el crédito del país. Si hubiéramos gastado 1.500 millones de dólares en cuatro meses de la famosa «renta universal», hoy -cuando la pandemia nos ha demorado más de lo esperado- estaríamos en crisis total. Cuatro meses nos habrían aplaudido, luego se habría enojado la gente al terminar el subsidio y hoy habríamos comprometido el imprescindible crédito nacional y no tendríamos ni para las vacunas.

Sobre estas bases seguiremos trabajando. Si el gobierno de coalición sale bien, habrá posibilidades para todos y de eso se trata, entonces. Luego, el Partido mejor posicionado y los candidatos más creíbles harán la diferencia. Nosotros, militantes, y me ubico en ese rol más que en el de Secretario General, tenemos que mantener viva la esperanza. Trabajar con la gente. Estar cerca de ella. Naturalmente, mucha se nos acerca en busca de apoyo para trabajo, y bien sabemos que eso hoy es muy difícil. Pero hay que decir la verdad y apostar a que la actividad se reanime. Ya vendrán los candidatos. Serán los que más se luzcan en este tiempo, los que más confianza inspiren. Los habrá, porque el Partido Colorado tiene un caudal enorme de dirigencia. Hay espacio para crecer.

Miramos el año que se inicia, entonces, con un doble sentimiento. La convicción de que pasaremos un invierno duro, acaso peor que el anterior, porque las empresas y las personas estarán más exhaustas, pero también con la esperanza de que llegaremos a la primavera con mejores perspectivas.

Colorados, a creer y trabajar. Trabajar para creer.

 

El corto y el largo plazo

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

En lo inmediato hay que salir con responsabilidad de la emergencia sanitaria que azota al mundo, pero sin perder de vista los desafíos estructurales que como país tenemos por delante.

Keynes dijo una vez que «en el largo plazo estaremos todos muertos». En una palabra, cuidemos del presente para que alguna vez haya futuro. Sin duda ese es nuestro desafío, solo que esta vez se trata de salir vivos de ese acuciante corto plazo que nos ha regalado, como un rayo caído del cielo, una naturaleza que no acepta fácilmente el dominio de los humanos.

Ahora se vive en el mundo un inesperado reverdecer de la pandemia y, al mismo tiempo, la proximidad de unas vacunas que se reclaman como un fetiche, en medio de una competencia de egos populistas, orgullos nacionalistas y -faltaba más- intereses de una de las industrias más poderosas del universo.

Las vacunas llegarán, lentamente irán produciendo su efecto sanitario pero, al mismo tiempo, otro aflojamiento de hábitos, que muy probablemente nos introduzca nuevamente en otro retroceso si es que no entendemos.

Más allá de estos avatares «pandémicos», pasada la LUC y el Presupuesto, estaremos avizorando otros temas y otros horizontes.

El año que viene hay que hacer la reforma de la seguridad social. A nuestro juicio no se trata de volver a discutir sus pilares básicos, sino adaptarlos a las nuevas circunstancias y rescatar el sistema del desbalance que significó la ley de 2008, votada a tambor batiente al grito de como está entrando dinero, gastémoslo ya en jubilaciones, inventemos las más posibles con testigos complacientes, bajemos los años de contribución y, de un saque, aumentemos un 20% la plantilla de pasivos. Esperemos que la demagogia no obnubile el juicio y que partidos que aspiran a continuar -o retener- el gobierno, mejoren su herencia. Es este año o casi nunca…

Al mismo tiempo, hemos de poner en marcha nuevos planes y nuevos métodos en un sistema educativo de insuficientes resultados. Tenemos que reaccionar frente a la inercia conservadora de estos 15 años dedicados machaconamente a detener el impulso reformista de 1995 y transformar el proceso formativo en adoctrinamiento. La historia se redujo a la llamada «reciente» y jóvenes que ya ni saben lo que es el pensamiento artiguista o cómo se gestó la reforma vareliana, fueron atosigados con una versión de película de «cowboys», en que los pobres tupamaros luchaban contra una dictadura oprobiosa surgida de las entrañas de los partidos tradicionales. Nadie explica que cuando vino el golpe de Estado ya no había tupamaros libres, que toda su acción violenta fue contra la democracia y que, si nada excusa la responsabilidad de los mandos militares de la época, es incuestionable que solo salieron de los cuarteles por la acción guerrillera. Es esencial conocer la historia para conocer el presente y salir de las leyendas negras y estereotipos ideológicos lamentables que se han difundido desde el Estado mismo.

La política exterior, por su parte, deberá recuperar su ritmo tradicional para que nuestra clásica bisagra articuladora entre Argentina y Brasil nos permite reactivar y reformar este Mercosur languideciente, en que nadie se habla, mientras Europa da largas y largas al acuerdo cuyo inicio estuvo en aquel lejano 15 de diciembre 1995, en el Palacio de Oriente de Madrid, en que lo firmaron nuestro Canciller Ramos y el Ministro Solanas de la Union Europea, ante la mirada de todos los presidentes europeos, los Reyes de España y el presidente de Uruguay. Hoy, además de este desafío europeo, tenemos a China de un lado y del otro a EE.UU. con un nuevo gobierno, que esperemos pongan pausa a este nostálgico y anacrónico remedo de guerra fría que había lanzado Trump. Tenemos que reinstalarnos en ese escenario y esto no es metáfora diplomática sino imperiosa necesidad.

Naturalmente, las actividades productivas tendrán que reencender motores. La obra de UPM y el ferrocarril anexo, seguirán avanzando hacia una culminación que por fines de 2022 entrará en vigor a pleno y hará de la celulosa el primer producto exportable del país, como expresión mayor del éxito de la política forestal iniciada en 1987. Hay que reencauzar la industria láctea, la vitivinícola, volver a revitalizar el arroz y, más allá de la agropecuaria, ponerle todo el énfasis a las nuevas tecnologías. En este tiempo de pandemia se ha visto el valor de la ciencia, pero muy especialmente el de la tecnología digital. Las aplicaciones creadas para enfrentar el virus, el Zoom como medio de comunicación social, el teletrabajo, nos han dicho que ahí está un camino que el país viene ya recorriendo y que ahora debe reimpulsarse vigorosamente. En nuestro país, como en el mundo, la demanda de personal técnicamente capacitado está insatisfecha, mientras se estrechan progresivamente las posibilidades de las tareas no especializadas. Se hace imprescindible un programa de estímulo que promocione esta actividad, especialmente las nuevas empresitas que van naciendo.

Nuevas fronteras se abren en el terreno ambiental y en un mundo social de enormes carencias, que ha quedado al descubierto cuando estalló la pandemia. El propio Frente Amplio habla de 400 mil uruguayos necesitados de apoyo, lo que desnuda la falsedad estadística de la baja de la pobreza, publicitada hasta el hartazgo por los gobiernos anteriores. Las necesidades son enormes y variadas, desde la alimentación hasta la vivienda, la escolarización de los niños hasta el trabajo de sus padres y la amenaza del crimen organizado en los barrios populares, que acosa y tienta a esa juventud con escasas posibilidades de trabajo. El Uruguay histórico de las clases medias se encuentra con esa nueva realidad, que el Frente Amplio escondió y maquilló. Será una ardua tarea, de resultados inciertos y de lenta evolución, pero imprescindible para que ese sector social no se enquiste en la marginalidad cultural y de hecho deje de pertenecer a nuestra clásica sociedad, basada en vastas clases medias trabajadoras.

No se trata de inventariar problemas, pero sí asumir que si el gobierno de coalición arrancó con enormes desafíos, hoy se han multiplicado, porque la pandemia obligó a gastar cuando había que ahorrar, a endeudarse cuando había que pagar, a ensanchar el agujero fiscal cuando había que reducirlo. Como no se puede echar atrás el tiempo, esto es lo que tenemos por delante y nosotros, nuestro Partido, una vez más estará a la altura de esas responsabilidades.

Esa es nuestra historia y también nuestro destino.

 

Germán, un grande

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Germán no es un personaje usual. Difícilmente los intelectuales e investigadores poseen capacidad de ejecución desde el Estado. A la inversa, es muy extraño que un gran realizador político y administrativo actúe desde una decantación de pensamiento largamente elaborado. Pensamos en un Malraux para encontrar esta simbiosis tan inusual, que en el caso de Germán requirió de un enorme coraje personal, una torrencial capacidad dialéctica y la persistencia propia de esas familias gallegas que llegaron al país desde aquella España pobre y formaron familias trabajadoras, formada en una educación pública que construía la esencia de nuestra democracia.

Efectivamente, Germán era el menor de los Rama, en nuestra juventud personajes que llenaban la escena cultural del país. Carlos , el mayor, fue un profesor de historia que ejerció un largo magisterio. Ángel, un escritor y crítico literario de dimensión continental. Germán comenzó como profesor de historia, egresado de aquel IPA de Antonio Grompone, que formaba docentes de referencia para elevar el nivel general de cada materia. Luego se hizo sociólogo en Francia, donde compartió trabajos con amigos comunes, que seguimos cultivando hasta hoy, como Alain Touraine y Fernando Henrique Cardoso.

Su primera incursión en el área del Estado fue en la CIDE, que dirigió Enrique Iglesias entre 1960 y 1967. Allí trabajó con Ariel Davrieux, Danilo Astori y Ricardo Zerbino, entre otros, que formularon un gran diagnóstico de nuestra realidad educativa. De esas reflexiones nace su trabajo «Grupos sociales y enseñanza secundaria», donde analiza el impacto que estaba produciendo la masificación de la enseñanza media, hasta entonces de gran calidad, pero que aún no llegaba plenamente a los adolescentes de los hogares más pobres.

Pasa luego por la CEPAL de Enrique Iglesias, sale de ella luego del golpe de Estado en Chile y vuelve a CEPAL, en Montevideo, durante nuestro retorno a la democracia, donde produce una reflexión profunda sobre nuestro sistema educativo y la necesidad de reformular sus planes y métodos para enfrentar las brechas sociales que se venían produciendo a raíz de la vigorosa modernización tecnológica. Estábamos en plena transición institucional y no era el momento para lanzarse a un cambio que sacudiría estructuras. Hasta que nos llegó el momento de hacer, durante nuestra segunda presidencia. Lo sacamos de sus trabajos en el exterior y le pedimos que encabezara ese esfuerzo.

Nos pidió libertad para proponer un Consejo, de amplio espectro político pero capaz de enfrentar el desafío con espíritu de cuerpo. Volonté nos apoyó para que la Vicepresidencia la ocupara José Claudio Williman, también figura de referencia, de origen nacionalista. Luego pensó en la Prof. Carmen Tornaría, votante frentista, que consultó al General Seregni y, con el respaldo de éste, se incorporó a título personal al empeño. Luego dos maestras destacadas, Irma Leites y Rosa Márquez, a las que se añadió en el Consejo de Primaria el maestro Sirio Nadruz. Más tarde se incorporaría como Secretario General el joven abogado Robert Silva. Armado ese equipo y definido el Plan, no siendo tiempos de bonanza, se precisaba comprensión de quienes manejaban las finanzas públicas y por entonces batallaban por el histórico logro de retornar a las inflaciones de un solo dígito después de medio siglo. Ese fue Luis Mosca, también colaborador invalorable en lo que fue una larga batalla, dura, prolongada, persistente, en ocasiones particularmente desleal.

No debió ser así. Porque el programa, profundamente social, pretendía incorporar a los centros preescolares a niños de 5 y 4 años de un sector desfavorecido; llegar con escuelas de tiempo completo, proveedoras de educación y alimento en los establecimientos donde había más menores rezagados; levantar el nivel de la UTU con Bachilleratos Tecnológicos y reformular toda Secundaria. Se trataba de cambiar programas, métodos y formar profesores en todo el país, creando Centros de Formación en el interior, con internado para los jóvenes de departamentos cercanos. Todo fue resistencia. Desde que el IPA no quería perder su monopolio de formación de profesores hasta quienes producían comida de modo ineficiente y discriminatorio en algunos establecimientos escolares. Esto último fue increíble. Un programa diseñado para que cada alumno recibiera una bandeja, personalizada, con su dieta requerida, produjo una llamada «guerra de las bandejas», que incluyó hasta saboteos delictivos. No faltaron tampoco desgremializaciones de profesores de trayectoria, expulsados de sus asociaciones por el pecado de colaborar con la autoridad pública de un gobierno democrático electo por la ciudadanía. Fueron «tiempos recios», al decir de Santa Teresa de Ávila. Ocupaciones, manifestaciones, debates. Y allí Germán se agigantaba, en la polémica mediática, en el manejo de la administración. No escapaba a ninguna discusión, bien acompañado por sus colegas, pero concentrando en su figura el fuego graneado de un conservadurismo profundo. Su dialéctica era fuerte pero más lo eran sus razones.

Hablar de «privatización» frente a un programa de profundización de la enseñanza pública, el mayor en medio siglo, resulta hoy ridículo a la distancia. Pero las pasiones y los dogmas llevaban a una saña todavía inexplicable. No otra cosa le ocurrió a José Pedro Varela en su tiempo, para recordamos que la educación, al ser la gran trasmisora de valores, es siempre lugar de discusión.

Lo importante fue que aquella obra gigantesca se llevó a cabo. Se incorporaron 50 mil niños a las pre-escolares. Los bachilleratos tecnológicos se desbordaron de solicitudes de ingreso. Las escuelas de tiempo completo, entonces discutidas, pasaron a ser un reclamo generalizado de las madres y por eso el afán restaurador de quienes vinieron después no logró alcanzarlos. El programa de secundaria, en cambio, fue desarmado. Pero lo básico de aquella enorme reforma, quedó. Y hoy nos debe convocar a continuarla, en otro escenario del mundo y del país.

En un largo medio siglo, quizás desde los años cincuenta cuando se generalizaron los liceos, no hubo en la educación un cambio tan profundo. Y eso solo fue posible por el liderazgo de Germán, por su talento y por su carácter. Del mismo modo que solo pudo sobrevivir porque una coalición colorada y blanca le sostuvo con firmeza .

Hacía algunos años se había apartado de la vida pública, pero mantuvimos hasta cerca de su final una relación fraterna, amasada en convicciones, largas meditaciones y el sueño de un país a la altura de sus desafíos históricos.

Cada niño que hoy va a un preescolar o almuerza en una escuela de tiempo completo, o adolescente de Artigas o Rivera que puede ser profesor, debiera saber que detrás de eso está Germán Rama. Y el pensamiento batllista del que fue uno de sus más eminentes representantes.

Más allá del profundo sentimiento personal, sentimos que se fue un grande. Y a las Repúblicas solo las construyen los grandes, a pesar des todo el resto.

 

Cuanto peor, mejor

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

El régimen democrático se basa en la distribución del poder. Toda su arquitectura está dirigida a que la ciudadanía, a la que la República le ha reconocido derechos -igualdad y capacidad de elegir gobierno-, no se vea frustrada por una concentración abusiva del poder. De ahí la construcción institucional de la sabia separación de poderes que teorizó Montesquieu: frenos y contrapesos.

Naturalmente, esa teoría y esas normas jurídicas convergen en humanos de carne y hueso, que ejercerán su rol con mayor o menor inteligencia, desinterés o conveniencia. Y allí aparece la política, que no es otra cosa que el ejercicio de las libertades y facultades que el sistema ha atribuido a cada uno.

De resultas de todo lo cual, el gobierno debe estar en capacidad de gobernar, la justicia de juzgar y el Parlamento de legislar, en una constante puja de acuerdos y desacuerdos entre la mayoría gubernamental y la oposición parlamentaria. De ahí su inevitable convivencia, imprescindible en tiempos de tormenta.

Y bien: estamos en tiempos de tormenta. Nadie podrá discutir que esta pandemia es una catástrofe natural solo comparable a una guerra o un terremoto. Es el momento en que con mayor celo el sistema tiene que funcionar.

¿Por qué entonces este desnorteo de un Frente Amplio que baja del gobierno por decisión popular y hoy se instala en la idea de paralizar al gobierno que enfrenta una situación de tan profunda emergencia?

La idea de plegarse al insensato referéndum propuesto por el PIT CNT es un renunciamiento grave de un partido político a una fuerza corporativa, legítima en la defensa de sus intereses particulares, pero fuera de órbita cuando intentar marcar el ritmo del país.

Se pretende derogar todo el capítulo que en la ley de urgente consideración ampara a la policía para afirmarse en la difícil batalla por la seguridad ciudadana. El único que se felicitará de esa derogación será el mundo del delito, porque la policía perderá un amparo jurídico que hoy le permite actuar con mucha más amplitud. ¿Por qué impedir que la policía actúe bajo la presunción de que lo hace en ejercicio legítimo de sus facultades?

¿Por qué tirar abajo una Comisión Coordinadora de la Educación que sume esfuerzos para aplicar un plan nacional? ¿Qué tiene de malo, salvo preservar los últimos resabios de la reaccionaria idea de los compartimentos estancos dentro de la educación y los pequeños feudos burocráticos actuando con anarquía?

En el caso, la actitud del Frente Amplio es lamentable, porque esa norma la votaron sus legisladores. Como votaron también un principio de acercamiento a la racionalidad en los precios de los combustibles, tratando de que Ancap lo haga teniendo en cuenta lo que costaría importarlos. No se trata de derogar el monopolio y decretar la libertad de importación como proponía el Poder Ejecutivo sino de iniciar un proceso que permita que la producción nacional disponga de combustibles compatibles con un concepto de productividad. Es un tema importante, que se negoció entre las bancadas de gobierno y oposición. Pero bastó que el PIT CNT atropellara para que el Frente Amplio se sometiera.

Puedo entender que el sindicalismo se agravie de que se establezca que ocupar un establecimiento no es una prolongación necesaria y universal del derecho de huelga, como ha sostenido siempre. Pero debe entender que hasta la OIT ha dicho una y otra vez lo contrario, para preservar el derecho individual de quien quiere trabajar y el de la empresa de acceder a sus medios de administración.

Salir a juntar firmas para tirar abajo esa ley, que fijó las prioridades de un gobierno recién electo, no se compadece con el necesario espíritu de reconocimiento a un pronunciamiento ciudadano. Como tampoco lo hace, y aquí en grado de mayor extravío, sus idas y venidas, marchas y contramarchas, en el imprescindible apoyo a las autoridades en su enfrentamiento a la pandemia.

Primero no les gustó la libertad responsable y querían confinamiento obligatorio. Más tarde se agraviaban de las limitaciones y pasaron a reclamar a grito pelado la liberación de toda actividad. Después de un gran éxito en la primera etapa, nuestro país se enfrenta ante esta segunda ola que se ha dado en el mundo entero. El gobierno sigue defendiendo su principio de libertad responsable, bien distinto a la amenaza autoritaria que campea por el mundo, pero está obligado hoy a tomar medidas mayores en defensa del orden público que supone la salud de la población. Sin embargo, la dualidad lamentable ya está instalada en su discurso: si advierten que la gente toma las medidas como severas, el gobierno abusa; si actúa con la misma prudencia y respeto para la libertad que hasta ahora , es tímido, lento, insuficiente. Y en ambos casos, gastando poco, porque siempre su única respuesta ante cualquier tema es gastar. Como lo hicieron con tan estrepitosos fracasos, desde la educación a la seguridad.

Los niveles de demagogia han llegado ya a alturas poco conocidas. Decir que es una respuesta ideológica «responsabilizar» a la gente, como si esto no fuera cierto desde Alemania al Uruguay, desde Japón a la Argentina. Por supuesto que somos todos responsables, para empezar de nuestra propia vida, y solamente políticos exorbitados, desesperados por medrar, pueden estar atribuyendo al gobierno la responsabilidad en la situación. Es tan lamentable como pretender la instalación de la idea de que el Estado puede, por arte de magia, recompensar las pérdidas que puedan tener las actividades privadas. Ni este ni ningún Estado puede hacerlo. Lo que sí tiene que asumir es la asistencia a los más débiles, que se ha hecho y seguirá haciéndose a través de instituciones sociales, que no han escatimado esfuerzo ni financiero ni personal.

En el Frente Amplio hay gente responsable. Los propios Intendentes saben que esto es difícil por sus propias responsabilidades. Saben que sin solidaridad colectiva, solo agravaremos una situación que el Uruguay ha enfrentado mejor que la gran mayoría de los países del mundo. Nos duele que la vocinglería demagógica o el interés corporativo los arrastre a este escenario que no se condice con los tiempos que vivimos. ¿No hay espacio para una reflexión más serena? Estamos muy lejos del tiempo electoral. No tienen sentido estos excesos. El Frente Amplio, arrastrado por sus radicales, convoca nuevamente a los fantasmas que, con razón, el Presidente Vázquez decía haber aventado al llegar al gobierno. El fantasma de la demagogia sin límites, de procurar el daño por el daño mismo, volver a seguir aquella trágica máxima tupamara de que «cuanto peor, mejor».

 

Un sinsentido

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Luego de tratativas, negociaciones, idas y venidas, el PIT CNT consiguió el apoyo del Frente Amplio para su insensato referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). Si el planteo era un extravío político, con esto pasó al nivel del ridículo cuando el Frente Amplio va a juntar firmas para derogar incluso lo que votó, en el colmo de la voltereta y la comprobación -una vez más- de su subordinación al corporativismo sindical. El pintoresco presidente del gremio de Antel dijo que le «importaba un c….» lo que pensara el Frente Amplio y se impuso para obligarlo a esa ridiculez.

En un plano más general hay que señalar que esta pretendida derogación es profundamente regresiva.

Para empezar se deroga todo el capitulo de seguridad ciudadana. Cuando la policía hace un gigantesco esfuerzo para contener la ola delictiva que se configuró en los 15 años frentistas, se propone eliminar las herramientas jurídicas dedicadas a proteger su accionar. Se deroga la presunción de que la policía actúa legítimamente, se derogan los delitos de agresión a la policía, las normas de la actuación de policías retirados; en una palaba, intentar el desaliento de los servidores del orden público.

Se pretende derogar también la regla fiscal. Esto fue una de las pocas propuestas que hizo el Frente Amplio al PIT CNT, alegando que no es necesaria, porque existen otros mecanismos para salvaguardar el equilibrio de las finanzas. Esto podrá ser verdad, pero si es así, ¿porque liberar al Estado de un compromiso bienvenido, como es el de acotar sus déficit? Lo de siempre del Frente Amplio: gastemos y gastemos…

El capítulo de educación también les molesta y se pretende tirarlo abajo. Una arquitectura institucional ineficaz se reordena para intentar el cumplimiento de metas fijadas en un Plan Nacional. Montado encima del formidable fracaso de su política, el Frente Amplio y el sindicalismo tratan de bloquear un intento serio por mejorar una situación insostenible.

Por supuesto, impugnan con furia la norma que procura frenar las ocupaciones de empresas, que siempre consideraron que estaba comprendida en el derecho de huelga, pese a que la OIT controvirtió siempre, con lógica, ese criterio. Primero porque no se puede negar al empresario su acceso a la institución de su propiedad, imprescindible incluso para mantenerla viva, aun en medio de un conflicto. Segundo, porque es el único modo de respetar la libertad del trabajador que desea cumplir su tarea y no tiene por qué someterse a una decisión sindical que se proyecta sobre su vida y libertad. Este es un punto fundamental en términos de democracia.

Lo mismo podemos decir, con mayor generalidad aún, que se intenta derogar las normas prohibitivas de los piquetes que impiden la libre circulación de los ciudadanos. O sea, viva la prepotencia callejera…

También intentan la caída de la llamada «portabilidad numérica», o sea, el derecho del usuario de un teléfono celular de cambiar de compañía preservando su número. Este intento parte de el sindicato de ANTEL, que presume que esto dañará a la empresa estatal cuando nada lo hace suponer. Simplemente, es el ejercicio de un derecho ciudadano, que si desea cambiar su prestador de servicio no tiene el freno indudable que representa cambiar de número y desconectarse así de la gente con que está relacionada. Esto es muy importante en el mundo comercial y laboral, especialmente para quienes trabajan con clientela propia y les resulta dificultoso recuperar su lista de vínculos.

También se derogan los artículos referidos al precio de los combustibles, uno de los puntos en que hubo más estudio. Como se recordará, el Poder Ejecutivo proponía la liberalización del mercado, disponiendo la libertad de importación. El Partido Colorado consideró que de un día para el otro era imposible reorganizar a Ancap y a todas las cadenas de producción, comercialización y distribución, sin generar una serie de daños. Por supuesto, se compartía el objetivo fundamental de lograr una mejoría de los precios de los combustibles y que se superan las ineficiencias o distorsiones que hoy recaían sobre Ancap (por ejemplo, subsidiar el transporte de Montevideo). Luego de muchas tratativas, los legisladores de la coalición llegaron a un acuerdo, entre ellos y los del Frente Amplio, para una solución intermedia que, para empezar, le impone a Ancap, cada vez que fije un precio, tomar en cuenta el precio de paridad de importación que, a su vez, debe publicar el órgano regulador, o sea, la URSEA. A la vez, se crea una comisión de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo y en 180 días le permita hacer una propuesta sobre los diversos aspectos del tema, apuntando naturalmente a mejorar los precios y no imponer a la producción nacional una desventaja frente a los competidores.

Pues bien, pese a que el Frente Amplio votó estos artículos luego de esa negociación, ahora irá a juntar firmas en su contra. Un mamarracho. Pero lo peor es que asume como inevitable la situación actual y cree que no se puede hacer nada para mejorarla. Por supuesto, nadie pretende destruir a Ancap si no, simplemente, ponerla en condiciones para proveer al país de combustibles a un precio razonable. Habida cuenta, además, que existen impuestos muy importantes, que deben tomarse en cuenta.

Lo mismo pasa con las normas sobre la Comisión Coordinadora de la Educación, que votó el Frente Amplio y ahora se las impugna.

O sea que, en un intento irracional de ejercicio opositor, el Frente Amplio se subordina al PIT CNT, y se lanzan contra una ley que atiende aspectos fundamentales del interés nacional. Todo se basa en eslóganes sin fundamento, como la vieja monserga de luchar contra un «neoliberalismo» inexistente, como si estuviéramos proponiendo vender la UTE o la Antel. Del mismo modo que se habla de «privatizar» la educación pública, sin que pueda encontrarse norma alguna que pretenda debilitar un sistema público de educación que es el resultado de una histórica y orgullosa construcción nacional en que el Partido Colorado fue la vanguardia. La misma barbaridad nos decían cuando en 1995 hicimos la mayor reforma en medio siglo y reforzamos sustantivamente la educación pública, con extensión de los preescolares, los CERP, las escuelas de tiempo completo y los bachilleratos tecnológicos, entre otras cosas de notable resultado.

Realmente nos da pena que todavía se caiga en estos simplismos irracionales cuando el mundo nos está desafiando con un verdadero cambio civilizatorio representado cabalmente por la nueva sociedad digital. Eslóganes con olor a naftalina nos alejan de lo que debiera ser un esfuerzo de colaboración nacional para poner al país a la altura de estos tiempos acuciantes y salvar el empleo -en peligro- de media población.

 

Sin duda aventó fantasmas

PorJulio María Sanguinetti (Diario El País)
Hace muy pocos días el Dr. Tabaré Vázquez dijo en un programa de televisión que su llegada a la Presidencia había aventado muchos “fantasmas” sobre lo que podría llegar a ser la irrupción del Frente Amplio en el gobierno.
Sin duda fue así y ese, a nuestro juicio, es su mayor legado. Aquella coalición de izquierda que rechazaba el libre comercio, reclamaba desconocer la deuda externa, romper con el Fondo Monetario y nacionalizar tanto la banca como el comercio exterior, pasó a respetar las reglas de la economía de mercado, cumplir las obligaciones internacionales y gobernar dentro de los parámetros del Estado de Derecho. En su seno, se albergaron corrientes que nunca llegaron a reconocer explícitamente la que llaman “democracia burguesa” ni aun el error trágico de la violencia política de los años 60’ y 70’, pero sin embargo su influencia, acompañada por Astori, permitió esa evolución fundamental en el Frente Amplio.
Podríamos decir que la democracia uruguaya atravesó, de su mano, el necesario Rubicón de la institucionalidad.
A partir de esa coincidencia republicana, naturalmente discrepamos muchas veces. Se ha recordado en estas horas la polémica que tuvimos en la campaña de 1994 y las diferencias que se generaron en momentos cruciales, como la crisis de 2002 o cuando el presidente Bush le ofreció al Uruguay un tratado de libre comercio y estando él de acuerdo, terminó cediendo a la presión negativa de un sector del socialismo. Nos importa señalar sin embargo, que fue un presidente atenido a la formalidad republicana, al estilo tradicional del país. Y que en algunos momentos tuvo la inteligencia de rescatar errores del Frente Amplio, como su oposición al capital extranjero en la industria forestal, y sumarse a la política que habíamos iniciado nosotros en 1985, actitud que incluso le llevó a un durísimo enfrentamiento con los gobiernos kirchneristas.
En el orden personal mantuvimos siempre una relación cordial, que se hizo afectuosa en los últimos tiempos. No era hombre de desplantes ni agresiones verbales. Conversábamos cada tanto con mucha franqueza y apertura. Especialmente desde que apareció su enfermedad, el teléfono nos acercaba y la última charla, hará un par de semanas, fue un llamado suyo para comentar una audición de radio de mi hija Emma sobre la política de los museos internacionales en la pandemia. El episodio, apenas anecdótico, revela su serenidad de espíritu, en momentos de tanta gravedad para él, y también algo superior que la política uruguaya debe conservar, que es ese modo de rivalizar en ideas sin alejarse en persona.
Afrontó su enfermedad, que conocía íntimamente como médico, con una gran entereza. Fue un final de hidalguía, con un reconocimiento para los partidos tradicionales que construyeron la democracia y para quienes ocupamos la presidencia durante su trayectoria política. Así lo dijo en su última intervención de televisión, un testamento político que deja una marca histórica en esta democracia nuestra.