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Los ocultamientos del Frente Amplio

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Cuando parecía que los temas del pasado se concentraban en el debate sobre el desafuero del Senador Manini, inesperadamente aparecen en el paisaje otras actas de otro Tribunal de Honor en que también hubo confesiones de delitos que no fueron llevadas a la Justicia.

Se vuelve a repetir la historia, con dos gobiernos del Frente Amplio, en que esas confesiones de militares de aberrantes delitos cometidos durante la dictadura, terminan en el silencio de los expedientes.

El episodio que refiere al hoy Senador Manini Rios, entonces Comandante en Jefe del Ejército, a esta altura es bien conocido. O debería ser bien conocido, porque las tergiversaciones y confusiones que se hacen para enredar los hechos, terminan haciéndolos difíciles de comprender para mucha gente.

En ese caso, sin embargo, los hechos son claros. En un Tribunal de Honor el tristemente célebre, Gavazzo reconoce un delito aberrante, los generales miembros del tribunal informan al Comandante en Jefe, diciéndole que al haber algo de apariencia delictiva habría que informar a la Justicia. El Comandante piensa que es una «chicana» interpuesta por Gavazzo para demorar el pronunciamiento del tribunal y ordena seguir con las actuaciones. El expediente marcha al Ministerio, allí se toma en serio esa situación y se la traslada a la Presidencia el propio Ministro Jorge Menéndez -hoy fallecido- asistido en el caso por dos profesionales de la cartera. Toma conocimiento directo el Secretario de la Presidencia Dr. Miguel Toma, se termina aprobando el acta del Tribunal por el Presidente de la República Dr. Vázquez y no pasa nada a la Justicia.

Se puede imputar a Manini una demora, sí. Pero no un ocultamiento intencionalmente delictivo, porque el expediente, con todos esos elementos, subió al Ministerio y de allí a la Presidencia, donde se le aprueba y entierra. Nos enteramos luego de la situación por un periodista, Leonardo Haberkorn. Sin esa revelación, todo dormía el sueño de los justos.

Por eso pensamos que pedir el procesamiento del entonces Comandante en Jefe y no de los verdaderos responsables del real ocultamiento, hace de la solicitud Fiscal un acto de tal modo parcial, que no tiene sustento jurídico ni ético. No hay una evidencia delictiva, aunque haya sí una demora que podría ser cuestionable. El tema es que sin una clara criminalidad no se debe levantar un fuero. Así lo dijimos cuando se pidió por la Justicia el procesamiento del ex Vicepresidente Nin Novoa, caso en que, si bien era real el ocultamiento que había hecho en una declaración patrimonial, no representaba un intento delictivo.

Desgraciadamente, este debate se ha envenenado con todo el resto de la situación y han entrado a jugar razonamientos estrictamente políticos referidos a los polémicos dichos y hechos del Senador Manini como novel líder político de un partido. Por ejemplo, éste dice y repite que no tiene nada que ocultar y que votará su desafuero para que lo juzguen. Ello hace pensar a algunos legisladores que esto es determinante y, como hemos dicho desde siempre, no tiene ningún valor, porque el fuero es del Senado y no del Senador, es una garantía para el ejercicio parlamentario independiente y no un privilegio personal del legislador, que él pueda administrar conforme a su voluntad. Del mismo modo, sus declaraciones, en ocasiones muy polémicas, llevan el debate a juzgar políticamente a Manini, cuando eso no tiene nada que ver. Aquí no se trata de si es bueno o es malo, si es de derecha o no es derecha, si simpatizamos con él o a la inversa. Se trata de que es un legislador, votado por 260 mil ciudadanos, cuando ya el tema estaba planteado públicamente, y al que, para quitarle los fueros, tendrían que mediar claras situaciones delictivas que no aparecen.

Como si esto fuera poco, se hace público otro Tribunal de Honor en que otro militar, vinculado a los peores actos represivos de la dictadura, Gilberto Vázquez, reconoce por expreso crímenes horrendos y tampoco se trasladó la situación a la Justicia. Todo quedó oculto, en este caso desde 2006, o sea que el expediente dormía el sueño de los justos. Y nos encontramos entonces con otro ocultamiento del mismo gobierno frentista y el mismo Presidente.

Se ha pretendido afirmar que las autoridades no conocían la situación, porque la magnitud de las actas hacía imposible leerlas en totalidad y se aprobaron sin un cabal examen. Podría haber ocurrido, pero da la casualidad de que el Ministerio de Defensa había producido un informe jurídico bien claro, que comenzaba denunciando la situación. Y todo se destinó al olvido.

O sea que se dan dos claros ocultamientos de quienes pretenden ser campeones de los derechos humanos y, ante la evidencia, recurren ahora al insulto como arma. «O votamos el desafuero o somos cómplices», según ellos; cuando ellos -a su vez- no son cómplices sino responsables directos de los episodios de ocultamiento a la Justicia. Por más gritos y agravios que profieran, la verdad es esa y aunque el ruido ambiente no lleva a juzgar la situación con serenidad, las cosas van quedando claras.

 

La INDDHH contra la República

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

La Institución Nacional de Derechos Humanos acaba de emitir una larga resolución que le recomienda al Codicen que derogue la prohibición que dispuso del uso de cartelería y expresiones proselitistas en el ámbito de los institutos de educación. La cuestión no es menor porque se socavan los fundamentos republicanos del país.

En una peligrosa deriva ideológica, que va degradando su función al introducirse constantemente en el ejercicio de las funciones legítimas de las instituciones del Estado, sean parlamentarias o administrativas, la Institución suma ahora un peligroso capítulo: pretende hacer doctrina de la posibilidad de que en los establecimientos de enseñanza se realicen actos proselitistas, expresamente prohibidos por nuestra Constitución en su clásico árticulo 58°:

«Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes».

Invocando esta norma constitucional y las legales coincidentes, el año pasado la Justicia resolvió ordenar al Codicen el retiro de carteles que, en la fachada de varios liceos, promovían el rechazo a una iniciativa de plebiscito constitucional promovida por miles de ciudadanos. El juez actuante consideró, con lógica, que de ese modo parecía oficializarse una posición de las autoridades que no era cierta y que eso violentaba la libre conciencia de alumnos, de profesores y aun de simples transeúntes que observaran esa acción propagandística. El Codicen, de mayoría frentista, se agravió pero no tuvo otro camino que acatar.

También en el curso de la campaña electoral, 25 Inspectores de Secundaria, invocando su condición de constituir «el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía de nuestra institución», firmaron una proclama recomendando el voto por Daniel Martínez, que sustentaban en largas consideraciones. En el caso, tratándose de profesores, el Estatuto del Funcionario Docente establece la «preceptiva causal de destitución» para quienes violaran la norma que les impone «abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines». Como la violación era flagrante y la destitución de precepto, el mismo Codicen frentista realizó un sumario y, pocos días antes de irse, les impuso «tres días» de suspensión para intentar , farsescamente, el cierre del asunto.

Estos antecedentes valen para demostrar que el episodio que ahora desencadenó la resolución de la autoridad educativa, no es un hecho aislado sino parte de una constante acción proselitista, claramente alineada desde punto de vista político con las orientaciones del Frente Amplio. Es una reiteración contumaz, expresada ahora por el inesperado vehículo de un tapabocas con una leyenda contra la Ley de Urgente Consideración.

Sin entrar a analizar el caso específico, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) intenta establecer una doctrina general en función de la cual la libertad de expresión del pensamiento ampara cualquier opinión, prédica o publicidad de una posición política en cualquier lugar, incluso los ámbitos públicos. O sea que estamos ante un intento de inusual gravedad, que frontalmente choca con el artículo 58° de la Constitución que transcribimos y pretende directamente desconocerlo.

La libertad de expresión del pensamiento, garantizada por la Constitución para ser ejercida en los ámbitos públicos, nada tiene que ver con los deberes de una institución pública de enseñanza, obligada a respetar el principio de laicidad irrestrictamente. Los ciudadanos o gremialistas pueden opinar lo que quieran en el ámbito amplísimo de las libertades públicas, pero de ningún modo invadir los espacios del Estado en general y, mucho menos, los de la educación, para promover acciones proselitistas. Hacerlo es violar inequívocamente la norma del art. 71° que impone que «en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos». O sea, lo que en términos generales la Constitución asegura (art. 54°), para todo aquel que esté subordinado, la garantía de «la independencia de su conciencia moral y cívica». Por lo mismo, el artículo 17° de la Ley de Educación Nº 18.437 dice que «se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional de saberes y creencias».

¿No se advierte que liceos con carteles o profesores con banderías proclamadas son el medio más perverso de impedir la pluralidad de opiniones y el respeto a los educandos? ¿No se asume que esos comportamientos significan desconocer realmente toda posibilidad de «confrontación racional» de opiniones?

El profesor tiene, naturalmente, un ejercicio de autoridad necesario, que establece una relación de superioridad sobre los alumnos que le impone, por lo mismo, un deber absoluto de neutralidad. ¿Vamos a formar el sentimiento republicano con profesores con tapabocas o vinchas partidarias?

Más allá de la Constitución y las leyes, hay un enfoque de ética política que condena de modo drástico ese abuso de profesores y dirigentes sindicales, pretendiendo influir y adoctrinar. Tanto lo han hecho durante años, tan impunes se sentían como que los Inspectores -nada menos que los Inspectores- se creían autorizados a emitir proclamas reclamando el voto.

La reacción de las autoridades docentes felizmente se ha hecho sentir, pero es gravísimo lo que ocurre con la INDDHH. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que unos pongan carteles de un lado y otros del otro y haya una guerra para ver si gana el cartel que diga «no al recorte neoliberal» o el que diga «fuera el chavismo de los liceos»?

El tema no es anecdótico. Es de fondo. La laicidad es indivisible. Y así como los batllistas somos celosos de la neutralidad religiosa, también lo somos de la política y filosófica. Esa es la República. Nuestra República. Y la vamos a defender, como lo hemos hecho toda la vida.

 

Sí, es la herencia (2)

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

La ineficiencia del gasto público forma parte de la pesada herencia que el Frente Amplio le dejó a la coalición multicolor. Y donde ello se torna más evidente es en la Educación, donde la ineficiencia deviene en una pavorosa injusticia social.

Abierto el debate sobre el presupuesto del quinquenio que comienza, el nuevo gobierno tiene que remontar una economía que venía estancada, con enormes déficits, caída de empleo y una deuda pública pesadísima, a la cual se le ha agregado el efecto de la pandemia: menos recaudación y más gasto. En materia de educación, el impacto es parecido. La herencia marca los peores resultados en décadas, una educación con bajísimos aprendizajes y pruebas de evaluación muy negativas, pese a que en los años del Frente Amplio se invirtió más dinero. Una vez más, la ineficiencia del gasto, que reconoció Astori en abril del año pasado, se hizo evidente en este ámbito, con más recursos y peores resultados. Por supuesto, todo esto ahora se agrava con la pandemia, porque la paralización ha generado un inevitable daño pedagógico y un desafío económico multiplicado.

El único dato que, según se mire, no empeora en la perspectiva del quinquenio, por lo menos financieramente, es la demanda de educación, porque se estima que las tendencias demográficas actuales aseguran que caerá en 47 mil el número de los educandos. 20 mil en inicial y 12 mil en primaria, nos hablan de una natalidad bajísima del país. Este tema da para otra reflexión, porque en la otra punta de las generaciones, nos encontramos con que todos los años mueren 24 mil personas de más de 65 años y se jubilan 35 mil, lo que desafía a los sistemas de seguridad social de modo contundente. Pensemos que cuando se hizo nuestra reforma en 1996, la expectativa de vida al nacer era de 73,9 años y hoy está en 78 años y para quienes lleguen a los 60 años, la edad de jubilación, nada menos que 85. Dicho de otro modo, nacemos menos y vivimos más años. Como no somos pesimistas, podemos decir también que los vivimos mejor, porque ese aumento de expectativa de vida revela progresos en la alimentación, la medicina y las condiciones de vida, más allá de las conocidas inequidades y sectores desprotegidos que la pandemia ha puesto en rotunda evidencia (para vergüenza de un Frente Amplio que ha despilfarrado la bonanza de la década iniciada en 2004, sin mejorar a los más necesitados).

Retornando a la educación, nos encontramos con pésimos resultados, que las evaluaciones disponibles nos han mostrado. Las últimas pruebas PISA , que llevan ya siete ediciones y evalúan a los alumnos de 15 años en 71 países, nos dicen que apenas nos hemos mantenido en matemáticas y hemos bajado los puntajes en lectura y ciencias. Como comenta Renato Opertti, países de poblaciones también reducidas, como Estonia, muestran avances extraordinarios, con presupuestos 30% menores que el promedio de los países de OCDE.

Si vamos a la equidad, los resultados son terribles. En lectura tenemos 427 puntos, cuando en la medición anterior eran 437. Pero ese promedio esconde que, en el quintil de estudiantes de sectores más desfavorecidos, el puntaje es 339, mientras que, a la inversa, los del sector más acomodado están en 490, o sea más o menos el porcentaje de los países europeos. Luego de 15 años de gobierno frenteamplista, cantando himnos a la solidaridad y a la equidad y poniendo más dinero, nos encontramos con una injusticia social cruda. La ineficiencia del sistema es rotunda.

Si miramos por su lado las pruebas Aristas, que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa entre alumnos de 3er. año de educación media y que el gobierno trató de ocultar todo lo posible antes de las elecciones, los resultados son penosos. La evaluación se hizo en matemática y lectura y de allí surgió que la UTU es peor que los liceos públicos y que éstos arrojan resultados por debajo de los privados. El 80% de los alumnos de UTU no puede hacer un promedio, como tampoco lo logra el 66% de los liceos públicos y el 31% de los privados.

Para completar el panorama desolador vuelve a comprobar el Monitor Educativo, presentado esta semana, que el segundo ciclo solo lo terminó el 34% de los estudiantes de 18 a 20 años. En los estudiantes de 18, específicamente, solo el 25% culminó sus estudios en el sistema educativo. Y el Ciclo Básico, solo el 64% de los de 15 a 17 años, o sea que un tercio de esa generación ni siquiera llegó a ese nivel.

Podríamos seguir amontonando cifras, pero todas son coincidentes. El sistema educativo uruguayo ha retrocedido en estos 15 años del Frente Amplio, que se dedicó, con prolijidad de guillotina jacobina, a destruir todo lo posible aquello que venía de aquel tiempo fermental y creativo que abrimos en 1995, con el Codicen que presidió Rama (y del que Robert Silva fue Secretario General). Se cambió el programa de la enseñanza media para volver a lo antiguo, se desdibujaron los CERP, se cambiaron programas sin evaluar antes los resultados y se montó una gran máquina de adoctrinamiento. Los jóvenes han oído machaconamente que los tupamaros luchaban contra la dictadura, cuando notoriamente no es así, y que Pacheco inició la dictadura cuando terminó su mandato ganando democráticamente las elecciones (a las que, por otra parte, se presentó el entonces flamante Frente Amplio). Estas son apenas anécdotas de un clima educativo en que todo confluye, desde la geografía a la historia nacional, a mostrar las inequidades del ominoso sistema capitalista del mundo y las desgracias que trajeron a este país los colorados y los blancos. Se salva Don Pepe Batlle, a quien tratan de usurpar. En esta labor se suman núcleos representativos de profesores y algunas entidades gremiales cuyo nivel de dogmatismo asombra. Tanta es la sensación de impunidad para el flechamiento ideológico que, en la última campaña electoral, 25 Inspectores de Educación Secundaria, de la mayor jerarquía e invocando esa condición, hicieron un llamado público para votar a Martínez, cayendo en una ilegalidad castigada con la destitución.

El desafío es ahora intentar la reversión de este proceso de decadencia, iniciado cuando la economía mostraba índices de crecimiento formidables que impulsaban los precios internacionales de las materias primas. Los lineamientos ya anunciados por el Codicen que preside el Dr. Robert Silva van en la línea adecuada para modernizar esas estructuras y permiten pensar que, a cinco años de plazo, mejorará la situación y sobre todo el rumbo general.

No dudamos que la mayoría de los docentes sentirá en su fuero íntimo el llamado de conciencia para servir a la niñez y juventud del país del mejor modo. El problema está en esos sectores organizados corporativamente que actúan, desde afuera y desde adentro del sistema, para mantenerlo siempre al borde del conflicto en medio de consignas agraviantes pero que mil y una vez repetidas terminan haciéndose creíbles para mucha gente. Es la misma gente que en 1995, cuando lanzábamos aquella reforma de impulso a la enseñanza pública, hablaban de que estábamos «privatizando» por un «impulso neoliberal». La misma estupidez que ahora.

Siempre hay que pensar que la razón predominará y que se podrán hacer los cambios de un modo razonable. El mayor obstáculo sin duda serán esas mentalidades ancladas en la «utopía regresiva» de un sueño cubano-venezolano que se les desvaneció en la realidad, pero que aún les alimenta una vagarosa ilusión. Pese a todo, la claridad del propósito, si la sostenemos en una paciente firmeza de la administración, podemos mirar hacia el futuro.

Hay esperanzas.

 

Sí, es la herencia

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Llegó la hora del Presupuesto en los tiempos de la pandemia. El país tiene que definir los grandes rumbos del Estado y los medios para solventarlos. Como decía nuestro viejo amigo Don Juan Pivel Devoto, «el mejor presupuesto es el que se puede pagar». Y para llegar a lo que los economistas llaman «sustentabilidad» hacia el futuro, no podemos desconocer las cuentas que se reciben en el presente.

No se pude ignorar tampoco que transitaremos una situación mucho peor que la posterior a la crisis de 2002. Aquella fue una crisis bancaria, que impactó en la economía general, pero era solo rioplatense; y después de que heroicamente se salvara al país del default, el mercado internacional estaba normal, de modo que la exportación nos dio la respuesta (por eso el Frente Amplio encontró un país que crecía a más del 4%). Hoy la crisis es global. A partir de un fenómeno pandémico, el impacto no solo es mundial sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto, hasta planteando un desafío estructural en el empleo, hoy más digitalizado que nunca. O sea que nuestra exportación se encuentra con una actividad económica que caerá este año a más del 5% en el mundo, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que disminuye el producto per capita de todos los países. Estamos también ante la primera contracción del producto en las economías emergentes, en las que China ha sido la vanguardia del crecimiento en los últimos treinta años.

En ese contexto, quienes administraron el país en estos últimos años, nos proponen aumentar más el déficit que ya tenemos, con la misma liviandad con que en el 2002 pedían que el país se declarara en quiebra. Y bien: el déficit que dejaron es del 5% del PBI y porque este gobierno tuvo que enfrentar la pandemia, y lo hizo con responsabilidad social, este año estaremos, según señala la señora Ministro de Economía, en un 6,5%. Todos somos conscientes de que esto ha sido excepcional pero también debemos saber que no podemos seguir ilimitadamente desfinanciando al Estado, porque al final lo pagarán quienes más necesitan de él.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo es que se llegó a ese desbalance del orden de 2.600 millones de dólares, luego de que entre 2004 y 2014 se viviera la mayor bonanza de precios internacionales que se recuerda en un siglo. Y la respuesta es simple: porque se derrochó, porque se gastó a tontas y a a locas, porque entre el Gas Sayago, y Aratirí y el agujero de Ancap, entre tantas otras cosas, tiramos por la boda esos ingresos extraordinarios. No lo decimos nosotros. Lo reconoció el Ministro Astori el 23 de abril del año pasado, cuando dijo«No hemos sabido manejar la calidad del gasto público lo cual en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante es una falta que tenemos que corregir. No hemos avanzado suficientemente y el pueblo lo reclama con justicia, en materia de seguridad pública y educación. Los temas de vivienda son fundamentales, porque alli hay todavía, y lo vemos todos los días quienes vivimos en este país, deficiencias fundamentales que hay que superar».

Ese déficit que hoy nos hipoteca se configuró, paso a paso, por exceso de gasto. No es una consecuencia de la situación regional, como ahora tratan de explicar los voceros frentistas. Tampoco es la caída de la recaudación, porque salvo un año, 2015, en todos los demás creció. Lo que ocurre es que el gasto la superaba ampliamente. Y ese aumento no estaba en educación o vivienda, en reales objetivos sociales, sino en general.

El único gasto de naturaleza social fue el de la ley de jubilaciones de 2008, que se basó en cálculos errados y llevó a una llamada «flexibilización» que solamente ambientó las falsas declaraciones, las jubilaciones sin sustento y las certificaciones masivas que llevaron a aumentar las transferencias hacia el BPS en un orden del 84% en términos reales. Fue gasto social, sí, pero profundamente injusto. Como lo fue también buena parte del reparto al boleo del MIDES, en esa nube de onegés que le han rodeado.

Todo este despilfarro de la bonanza llevó al atraso cambiario (calculado entre 27% y 36%) y al estancamiento de la producción. En estos cinco años la economía se estancó. Y si le quitamos al cálculo las telecomunicaciones (que fueron solo aumento del tráfico) y los productos del papel, hay una caída promedial del 0,2%. Hasta la construcción cayó un 3,1% anual durante el período.

Así fue como se triplicó la deuda pública. En plena bonanza internacional, el Frente Amplio llevó la deuda de 11 mil millones de dólares a 37 mil. Esto equivale a un pago de intereses de 1.500 millones, o sea, más o menos un 10% del presupuesto general. Cuando había medios para alivianar la carga de intereses, se la triplicó. Hoy tenemos que apelar al endeudamiento para reencauzar la actividad económica, con los límites impuestos por esa realidad.

No es extraño, entonces, que se destruyeran 54.730 empleos. Como ocurrió también con las horas trabajadas, que cayeron de un nivel de 39 horas promedio en 2014 a 37 semanales en 2019. Y esto golpeó especialmente a los jóvenes, cuya tasa de empleo cayó de un 39% a 31,1%.

Detrás de esta pesada herencia, el gran telón de fondo es la caída en la inversión: 26% en el periodo. Y este es el gran desafío hoy. Para hacer sustentable el Presupuesto que se está empezando a considerar, para que se pueda reactivar la economía y mejorar el empleo, debemos revertir esa situación y eso solo ocurrirá si generamos confianza. Y solo habrá más confianza si quienes invierten, uruguayos o extranjeros, observan a un gobierno enfrentando la realidad con seriedad y no haciendo malabarismos irresponsables.

¿Se podrá generar confianza llevando el déficit a un 10%? ¿Se logrará sin atender el déficit de la seguridad social? ¿Sin mejorar la productividad? ¿Cuánto nos puede costar, en términos de confianza, que podamos perder el grado inversor por un gasto irresponsable? Hasta hemos oído el delirio de que habría que emplear las reservas del Banco Central, ignorando el porcentaje de encajes que son de los bancos y olvidando que el aumento imprescindible del crédito y la confianza en los bonos del Estado, se sustenta justamente en mantener esa posición.

El país tiene un amplio horizonte. El gobierno ha ganado credibilidad interna y externa. Ella es el sustento de las necesarias acciones que deben tomarse para esa recuperación de confianza. Si hacemos lo contrario y malgastamos ese crédito respondiendo a reclamos de momento, hipotecaremos un futuro de crecimiento que a mediano plazo es más que posible.

El griterío de quienes nos llevaron a esta situación suena a hueco. Es la hora de la responsabilidad. De hacer lo que hay que hacer.

 

La Fiscalía, presente y futuro

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Resulta necesario reforzar la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación en tiempos en que su trascendencia se ha acentuado. En ese sentido, aportarle una superintendencia administrativa pluripersonal, aparece como una solución harto conveniente.

El Fiscal de Corte ha sido protagonista de numerosos episodios de ruido periodístico: sanciones a Fiscales levantadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instrucciones muy discutibles como la que abre el camino de negociar aun las penas por homicidios, la publicitación indebida de una indagatoria sumaria a una fiscal de Colonia que había tomado una decisión de repercusión política (decisión que el Fiscal de Corte no impugnaba, refiriendo -en cambio- a posibles implicaciones políticas).

El tema llegó hasta el punto que legisladores de Cabildo Abierto pidieran, a nuestro juicio con exceso, su remoción. Podemos estar en desacuerdo con alguna de las resoluciones del Fiscal pero de ahí a invocar una causal de ineptitud, omisión o delito, media una enorme distancia.

En cualquier caso, no es bueno que un jerarca de esta importancia esté constantemente en el debate. Él mismo asume una frecuencia mediática que no es la mejor. Muy especialmente en momentos como el actual, en que el procedimiento penal ha cambiado, dándole a los fiscales un protagonismo nuevo.

Esta circunstancia mueve a pensar que, habiéndose modificado la estructura de la Fiscalía como servicio descentralizado en la ley 19.334 de enero de 2017 y 19.483 de agosto de 2015, bien podría ahora complementarse esa legislación a fin de mejor adecuarla a la situación actual. Estamos en un terreno nuevo. Como se advierte, muchas han sido las modificaciones y la experiencia debe tomarse en cuenta, más allá de las personas, para darle la mayor solidez a esa institucionalidad que viene en proceso de cambio.

Por esa razón, nos parece particularmente acertada la propuesta que hace el Dr. Gustavo Zubía, a quien acompañan algunos otros legisladores colorados. Pensamos que le hace bien a la Fiscalía de Corte, pensando en el futuro; y le da tranquilidad al actual Fiscal, pensando en el presente.

No se trata de cercenar ninguna facultad jurisdiccional. La Fiscalía de Corte es un órgano de rango constitucional y no puede soslayarse su relevancia ni su «autonomía funcional». Cosa distinta es su administración, al punto que la ley que establece ese carácter de servicio descentralizado, aclara expresamente, que es «sin perjuicio» de las facultades del Poder Ejecutivo establecidas por los artículos 197° y 198° de la Constitución de la República. O sea que puede el Ejecutivo observar sus actos y aun disponer correctivos o remociones, siempre dentro del ejercicio de sus funciones administrativas, como dispone el artículo 4° de la Ley 19.334.

La propuesta es que, junto a ese Fiscal, cuyo mandato es de diez años, haya dos más, con un mandato de cinco años, coincidente con cada período de gobierno, para actuar en el terreno de la administración como órgano colegiado. Esto le daría también un refuerzo de Fiscales al Consejo Honorario de Instrucciones Generales, donde hoy actúa un delegado del Poder Ejecutivo, uno de la Asociación de Fiscales, uno de la Facultad de Derecho y uno de la sociedad civil.

Como es notorio, el Dr. Zubía viene sosteniendo esta idea desde hace años y no se relaciona como reacción a episodios actuales, como los que hacemos referencia. Es pensada para el futuro, a fin de que ese servicio, cuya trascendencia se ha multiplicado, cuya complejidad administrativa -por lo tanto- se ha acentuado, consolide aún más su posición.

Si lo miramos en la situación de hoy nos parece particularmente oportuno darle a la administración de la Fiscalía el resguardo de tres opiniones. Como son cinco las de la Suprema de Corte de Justicia, que ejerce la superintendencia de los jueces. Nos parece particularmente congruente con esa experiencia judicial que la Fiscalía hoy actúe en la administración con una responsabilidad compartida por tres Fiscales.

Hacia el futuro sería una muy buena disposición. Hacia el presente también, al quitarle al actual Fiscal el peso de resoluciones sobre la administración que inevitablemente se personalizan, tiñéndolas en ocasiones de un indeseable contenido político.

Con generalidad se reconoce que el Dr. Díaz es un Fiscal capacitado y trabajador. Es notorio también que sus decisiones han sido muchas veces muy polémicas, cuando se trata de enfrentar una situación de inseguridad ciudadana y auge delictivo que a todos nos compromete. No se trata de cuestionar su independencia funcional, sino de arropar su ejercicio de administración con dos fiscales que compartan su responsabilidad.

La institucionalidad es uno de los mayores patrimonios de la democracia uruguaya. Por eso debemos cuidarla celosamente y esa propuesta va en esa dirección, la de que la Fiscalía de Corte, en su nuevo rol y responsabilidad, pueda actuar con despejo de las peripecias administrativas.

 

Ante una inesperada renuncia

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Las causas históricas que motivan al Partido Colorado están por encima de cualquier circunstancia. Y desde ellas el Partido continuará haciendo su aporte al gobierno de coalición, con firmeza y convicción.

Sin duda ha sido sorpresiva la renuncia a la actividad política del economista Ernesto Talvi. El lunes, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, pese a la distancia psicológica que pone el Zoom, hubo ese unánime sentimiento de sorpresa y otro, aun mayor, de pesar. Fue nuestro candidato a la Presidencia luego de conquistar la mayoría en las urnas de las internas; traía al Partido los antecedentes de una vida de estudio y difusión de los problemas económicos y sociales de la región y el país y ofrecía un recambio no tanto generacional como de estilo.

Las circunstancias han sido muy particulares. La elección no fue lo que esperábamos para el Partido Colorado, pero nos posicionamos como la segunda fuerza en una eventual coalición que, desde mayo de 2018, veníamos preconizando con entusiasmo y fe. Ella se formalizó y electoralmente fue un éxito: se quebró una hegemonía de 15 años del Frente Amplio, ofreciéndose una alternativa clara en torno a un programa acordado entre cinco partidos. Nuestra contribución fue decisiva y así se reconoció para integrar el gabinete ministerial: los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Turismo y Agricultura; las Subsecretarías de Industrias, Vivienda y Relaciones. La presencia del Partido, sin embargo, fue más allá, porque notoriamente el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Isaac Alfie, y el Presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez, en este caso para resolver una vacancia sorpresiva, más allá de cualquier representación política son figuras relevantes del Partido Colorado. Sin olvidar que la Presidencia del Codicen también la ocupa una figura partidaria, el Dr. Robert Silva, enfrentada a uno de los desafíos mayores de nuestra sociedad.

Infortunadamente, esta renuncia es muy relevante para el Partido Colorado y muy particularmente para un sector, «Ciudadanos», que ahora tiene que redoblar su esfuerzo para seguir adelante. Sin duda lo hará. Hay en su dirigencia políticos con experiencia, aún jóvenes incluso, que destacan con perfil propio y tendrán ahora que agrandarse en el esfuerzo. Los de «Batllistas» sentimos, a nuestra vez y más que nunca, la necesidad de cuidar la unidad partidaria y lograr que la diversidad de tendencias no cristalice distancias. Lo que hace también para la activa agrupación «Justicia para todos» que lidera el Dr. Gustavo Zubía.

Los análisis políticos y el chismorreo habitual, suelen ubicar las candidaturas como protagonistas casi excluyentes. No es así, sin embargo. Cuando no hay caudillismos o liderazgos consolidados, las candidaturas son un fenómeno del tiempo electoral. Y esta es nuestra realidad. Y, después de todo, también la de los demás partidos. Nuestro Presidente hoy es una figura ampliamente arraigada, pero no pudiendo ser él, ¿quién es el candidato «cantado» del Partido Nacional? En el Frente Amplio, ¿no estamos ante parecida indefinición? Quiere decir que los próximos tres años irán mostrando las preferencias de los electorados respectivos. En el caso de la coalición multicolor, las candidaturas recaerán en quienes mejor califiquen dentro del elenco gubernamental. Así de simple y así de complejo.

Miremos hacia atrás por un instante. Allá por abril, mayo, del 2018, ¿qué candidatos teníamos los colorados? Ninguno. ¿Qué liderazgos a la vista? Tampoco ninguno. Se hablaba de Talvi como una posibilidad pero estaba lejos de concretarse. ¿Qué nos decían las encuestas? Que el Partido Colorado estaba en un 6 o 7%. Es así que, en mayo, salimos con «Batllistas» a retemplar el ánimo partidario e instalar la idea de la coalición, a partir de una recordada reunión con los líderes blancos, Lacalle Pou y Larrañaga. Poco después salió «Ciudadanos» y el Partido en la elección interna alcanzó un 13%. A partir de allí, se creció vigorosamente y hubo momento en que las encuestas lo ubicaban entre un 19% y un 22%. Por diversas circunstancias, al final, los resultados no fueron los deseables, pero el 12% permitió alcanzar cuatro bancas al Senado, dos por cada sector, y una cantidad proporcional de diputados. Como decíamos antes, el Partido está representado con relevancia en el gobierno. No estamos en aquel desamparo del 2018. No dudamos que de esos lugares, o de la acción pública, emergerán liderazgos y candidaturas.

Nuestro Partido tiene una entidad propia incuestionable. No son solo dos siglos de trayectoria. Es la impronta en las grandes instituciones del país, en la visión universalista que nos viene de las grandes revoluciones liberales del siglo XVIII que inspiraron desde el primer día lo que fue nuestra República. No es la misma matriz que el Partido Nacional, al que Luis Alberto de Herrera ubicó ideológicamente en otro andarivel. A su vez, nos caracteriza históricamente nuestra «ética de la responsabilidad», que desde Rivera y Venancio Flores nos impuso siempre la búsqueda de los mejores resultados para nuestro pueblo, aun a costa de sacrificios y renunciamientos. El Estado laico, respetuoso de todas las convicciones y creencias, el Estado que educa en los principios de libertad de nuestra Constitución, que no rechaza religiones pero es imparcial ante ellas, que no pretende imponer los códigos morales de esas concepciones particulares de la vida humana. Es nuestra actitud constantemente reformista del Estado de Derecho, para asegurar libertades tanto como los espacios de justicia necesarios para no hacer ilusorias esas mismas libertades. No revistamos entre quienes piensan que la libertad económica por sí sola asegurará las mejores condiciones de vida, así como impugnamos la nefasta idea colectivista que imagina que el predominio de las corporaciones o de un Estado centralmente planificador pueden edificar progreso, cuando la historia ha dicho lo contrario. Por eso seguimos fieles a la creación batllista de nuestras grandes empresas estatales, pero sí procuramos que ellas estén en la mayor competencia posible, distantes de monopolios excluyentes, y sirvan así del mejor modo al ciudadano. La educación popular está en nuestro ADN: en las últimas seis o siete décadas, ¿alguien intentó cambios más relevantes en nuestro sistema que lo que hicimos efectivamente en la reforma de 1995?

Esas causas son las que nos motivan a los colorados y batllistas y están por encima de cualquier circunstancia. Los liderazgos no se decretan. Nacen de la vida política, espontáneamente. El Partido Colorado tiene liderazgos institucionales y parlamentarios, liderazgos políticos e intelectuales. Sin duda, el alejamiento que hoy nos sacude deja un espacio que se irá ocupando naturalmente. Dentro de dos o tres años vendrá el tiempo de las candidaturas. Hoy el desafío es seguir contribuyendo con todo nuestro esfuerzo a la coalición que integramos y aportarle a ella ese espíritu colorado y batllista que nos define.

Dialogando con Caetano

Por Julio María Sanguinetti (CORREO DE LOS VIERNES)

Días pasados, Gerardo Caetano, respetado historiador que, aunque poco nos frecuentamos últimamente, considero un amigo, ofreció un largo y sustantivo reportaje en «Brecha» en que, desde una visión frenteamplista, aparecen dos grandes escenarios: por un lado, el de la democracia en América Latina, asediada por un militarismo renaciente; y por el otro, el de la actual coalición de gobierno, amenazada por un «núcleo duro del Partido Nacional» cuyo «proyecto» es terminar con el Uruguay batllista.

Lo primero da para mucho, especialmente cuando se observan los gobiernos autoritarios de izquierda, Nicaragua y Venezuela, donde las Fuerzas Armadas son el sustento del régimen y socios en la estructura corrupta del poder. Baste este subrayado, a cuenta de debates más profundos, para dejar en claro que el militarismo latinoamericano, otrora herméticamente de derecha, en estos días también transita por la otra vereda. Sin que se les mueva un pelo a nuestros pensantes «progresistas», que todavía se alinean con esas dictaduras o, por lo menos, les tributan explicaciones que terminan siendo justificaciones.

En lo que hace al Uruguay, su tesis básica es que estamos ante la amenaza de «terminar con el Uruguay batllista».

De ese Uruguay batllista, ya el Frente Amplio debilitó principios sustantivos, pese a que -cuando conviene- se asume el rol de auténtico continuador de su obra. Para empezar, si algo caracterizó al Batllismo fue, dentro de la tradición liberal del Partido Colorado, amalgamar a la sociedad, desarrollar el valor del voto como herramienta, fortalecer esos sectores medios de población, que nutridos por la inmigración pobre que venía de Europa y el Medio Oriente, debían incorporarse -y se incorporaron- a un proyecto de ciudadanía nacional. Desgraciadamente, el Frente Amplio ha resucitado, a veces explícitamente en el sindicalismo o tácitamente en actores políticos, el espíritu de la lucha de clases. La pobreza dejaba de ser una situación triste a superar sino una virtud, monopolista de la nobleza de espíritu, que se enfrentaba al egoísmo de quienes habían alcanzado mejores niveles de vida. Ese sentimiento ha envenenado la convivencia social propia de una democracia y ello se vive en los más diversos ámbitos, desde el cultural hasta el de las oficinas.

La laicidad ha sido otro elemento raigal del Batllismo. El Frente Amplio hace rato que abandonó esa causa, en todas sus dimensiones. En el terreno de la tan llevada y traída «agenda de derechos» no puede olvidarse que, en su tiempo, quien vetó una ley de despenalización del aborto fue el gobierno frenteamplista del Dr. Vázquez, asumiendo así una fuerte dualidad, que postergó varios años lo que ya se caía de maduro y veníamos sosteniendo desde ya lejanos tiempos. Ese mismo gobierno toleró, en el terreno de los simbolismos básicos, que un Comandante del Ejército, uniformado, asistiera a una misa convocada para tributar homenaje a la institución militar, aparte de otros episodios análogos, luego de un siglo de pacífica neutralidad religiosa.

En un plano más amplio del principio de laicidad, el Frente Amplio ha arramplado con la neutralidad de los espacios del Estado. La laicidad en la educación ya no corre. Un grupo de treinta Inspectores de Secundaria, invocando su jerarquía, salen pública y colectivamente, en medio la elección, a proclamar su apoyo al candidato del Frente Amplio y se les defiende. Como también ocurre ahora con los profesores que hace pocos días portaban tapabocas con una proclama contra la ley de urgente consideración y eso se considera «libertad de expresión».

También el Frente Amplio ha sido muy distante de la política exterior del Batllismo, implacable con los dictadores, que cuando revistan en los cuadros «progresistas» han sido bendecidos inexplicablemente, como en el caso de Venezuela.

Estas y muchas cosas más, distancian fundamentalmente al Frente Amplio del Batllismo, pero imaginar que ahora hay un proyecto para «terminar» con el Uruguay batlista, es una afirmación que mueve a réplica a quienes integramos la coalición, con un espíritu de civismo democrático en que no cedemos la derecha.

¿Se está proponiendo la privatización de la Ancap, que debilitó y desprestigió la administración frentista? ¿Se está proponiendo vender Antel, que la mayoría batllista preservó para el Estado en histórico plebiscito? ¿Se está procurando debilitar la UTE, que soporta las increíbles cargas del frustrado proyecto de Gas Sayago? Nada de esto hoy está en juego. Lo que sí está es mejorar esas empresas, modernizarlas, ponerlas en competencia para beneficio colectivo, como se hizo en su momento con los seguros o la telefonía celular. Eso es preservar el legado batllista y no destruirlo.

En materia social, quien construyó el sistema de seguridad social fue el Batllismo. ¿Y quién lo salvó sino el Batllismo con la reforma jubilatoria de 1996? ¿Quien lo ha puesto en riesgo sino el Frente Amplio con una ley de 2008, totalmente errada en sus fundamentos, que ha llevado al sistema a la necesidad actual de una nueva reconstitución? ¿No existen hoy más asentamiento irregulares y gente en situación de calle, como nunca, tal cual por escrito lo estableció el Ing. Martínez, entonces Intendente capitalino, al reclamarle respuesta al Presidente Vázquez?

Podríamos seguir con este orden de razonamiento para mostrar que lejos de una amenaza, hoy estamos rescatando los valores esenciales de ese Estado Benefactor que construyó el Batllismo para adaptarlo a los tiempos que corren. Y que lo hacemos en una coalición con el Partido Nacional y otros partidos que coinciden en este rumbo.

En el terreno del pensamiento, el profesor Caetano presume que, personalmente, somos más colorados que batllistas y que por eso hemos reivindicado a Rodó y constantemente a Rivera y a Flores. Jamás sostuve que era algo más que de lo otro. A la inversa, soy profundamente batllista y en la misma dimensión colorado, porque sé muy bien -y nadie puede históricamente demostrar otra cosa- que el Batllismo solo podía haber nacido, y hacer su obra, adentro del histórico Partido Colorado. Por supuesto que además de constantemente explicar a Don Pepe, reivindicamos a Rivera y a Flores, porque viven cuestionados por lecturas tramposas de la historia, que ignoran que sin ellos no habría independencia y que sin su talante liberal y conciliador, difícilmente se hubiera podido constituir aquel precario Estado que les tocó conducir.

En cuanto a Rodó, por cierto que hemos exaltado su condición de brillante legislador colorado. Y no se puede ubicarlo en un panteón de «profundo antibatllismo», porque no es así. Pensemos que acompañó la segunda candidatura de Don Pepe, después incluso de su polémica sobre liberalismo y jacobinismo y que, como legislador, tuvo participación en la legislación social impulsada por Don Pepe. De su discurso sobre la ley de accidentes de trabajo extraemos esta definición que lo dice todo: «El principio individualista que estuvo tan en boga en los albores del siglo XIX se bate en retirada ante otro que condice mejor con los sentimientos e ideas de la moderna civilización: el principio de solidaridad». Que en cierto momento se enfrentó a Don Pepe, por cierto y como tantos, pero no por ello abandonó su histórica pertenencia. Sería ridículo que el Partido Colorado despreciara al intelectual de mayor relevancia manteniendo viva la difícil «interna» que Don Pepe siempre tuvo.

Naturalmente, un partido no es una cátedra universitaria. Pesa la realidad, pesan los liderazgos, pesan las circunstancias históricas. En nuestro partido la esencia de principios y la definición ética sigue siendo la histórica. Hoy estamos en una coalición «multicolor» que encabeza un Presidente nacionalista. Por supuesto que en el tradicional adversario hay versiones extremas de un liberalismo conservador y hasta clerical que choca con el Batllismo. Pero ni en el Presidente ni en sus propuestas está la extinción del Uruguay republicano, laico y solidario. Todo lo contrario. Lo ha demostrado en este tiempo de pandemia en que se puso todo el peso del Estado al servicio de los más necesitados. Razón por la cual le decimos al amigo profesor: esté tranquilo, que no nos sentimos amenazados y que de las bases del Uruguay batllista nos ocupamos nosotros. Sin distraernos.

 

Nuestro patriotismo constitucional

Por Julio María Sanguinetti (CORREO DE LOS VIERNES)

Nuestra identidad nacional se configuró, ya desde su origen más remoto, en torno a la idea de institucionalidad.

«Veinte años de desastres, de vicisitudes, de incertidumbres, nos han dado una lección práctica de que el amor a la independencia y libertad, el deseo de conseguirla y los sacrificios por obtenerla, no son suficientes para conservar ese bien, tras el que corremos en vano desde el principio de nuestra gloriosa revolución». «Los votos que hicisteis al tomar las armas en 1810, y al empuñarlas de nuevo en 1825, empezaron a cumplirse; pero no se llenarán jamás, si como mostrasteis ardor en la guerra, no lo mostráis igualmente en respetar las autoridades, amar las instituciones y observar invariablemente el pacto constitucional que han sancionado vuestros representantes».

Con estas frases comenzaba el Manifiesto de los Constituyentes a los pueblos representados en la Asamblea . Culminaba así la primera etapa, fundacional, del proceso formal de consagración de las instituciones republicanas por las que se venía luchando desde el primer día de nuestra Revolución. En 1813 las Instrucciones habían definido su idea política e institucional, sobre la base de una rotunda independencia de España (aún no asumida en Buenos Aires), una nítida definición republicana (cuando todavía ideas monárquicas circulaban entre los líderes de las Provincias Unidas) y una idea confederativa (entidades soberanas asociadas) que venía desde los EE.UU. y era el único modo de vertebrar a quienes habían sido parte del Virreinato del Río de la Plata.

Esas definiciones de principio fueron invariablemente sostenidas por el artiguismo desde 1811 hasta su derrota en 1820 y nunca fueron abandonadas, ni siquiera bajo la sujeción lusitana. Volvieron a ser nuestro programa desde la Cruzada de 1825, Rivera las trasladó hasta los pueblos de las Misiones y, con esa acción, provocó la definición de independencia que abrió el camino a las nuevas instituciones.

Notable es la labor de esos constituyentes. Justino Jiménez de Aréchaga, nuestro Maestro, dice que ella «representa un ejemplo de sabiduría política y de técnica constitucional entre todas las de su tiempo». En efecto, inspirada en ideas liberales que no eran por entonces predominantes, consagran, como dice Pivel y es «justicia señalar», «la igualdad y seguridad personal, la inviolabiildad de las propiedades, el derecho de petición, el libre ejercicio de toda clase de industria, agricultura y comercio, la libertad de prensa, la inviolabilidad de la correspondencia y el domicilio, en el orden de los derechos individuales; y en la distribución de los poderes, creando un verdadero poder parlamentario mediante la organización de un legislativo con atribuciones amplias, con inmunidades que asegurase su independencia funcional y una estructura adecuada para evitar influencias nocivas».

No faltan quienes hoy la apostrofan, porque se negaba el voto a la mujer, al analfabeto o al peón jornalero, sin entender que en la época no otra cosa cabía. No se advierte que en aquellos tiempos, desgraciadamente, esos sectores de población carecían de independencia de juicio, sometidos a subordinaciones hoy impensables, pero que solo se pudieron superar justamente porque nos dimos esa democracia que, con el devenir histórico, abrió nuevos caminos. Es un anacronismo parecido al de los que condenan a Aristóteles, teórico de la democracia, porque en su tiempo no condenó la esclavitud o los que le cortan la cabeza a las estatuas de Colón, negándose a sí mismos y rechazando lo que somos como civilización.

En otro extremo, Alberto Zum Felde, dijo que los constituyentes «prescindieron»… «de la realidad histórica del país, para imponer una constitución abstracta». El lúcido ensayista no advierte que esa realidad era el caudillismo militar y que, como bien señala Aréchaga, no podía hacerse una Constitución para reconocer que el poder político real lo tenían los generales. Sin embargo, esa Constitución les cerró el Parlamento a los militares: 34 de ellos -encabezados por Rivera y Lavalleja- se presentaron a la Constituyente reclamando que les permitieran ser candidatos al Parlamento, se les negó y el 18 de julio 1830, en toda la República, las fuerzas rindieron honores y juraron fidelidad a la Constitución. Es algo más que un símbolo.

El primer presidente constitucional, Fructuoso Rivera, cumplió su mandato atenido a la Constitución y la entregó cumplidamente a su sucesor. Así nació la República.

Es verdad que la vida política posterior fue turbulenta . Es notorio que el texto fue orillado más de una vez, pero nunca dejó de ser el punto de referencia. Nadie se atrevió abiertamente a desconocerlo. Todas los enfrentamientos y divisiones se hicieron en nombre de la Constitución y reclamando cada bando la titularidad de su cumplimiento. Hasta el General Máximo Santos, dueño de la situación luego de la intempestiva renuncia del Coronel Latorre y que asumiera el mando el Presidente del Senado, cuando quiso elegirse Presidente, recurrió a artilugios como hasta crear un departamento, pero siempre afirmando que se cumplían las normas, tal cual formalmente ocurrió.

Lo relevante es que nuestro país es hijo de una revolución que hizo de la institucionalidad su esencia. No siendo potencia económica ni territorial, nuestra configuración nacional se construyó desde la idea, y sentimiento, de nuestra autodeterminación republicana, como se vio, ya tempranamente en el Éxodo, cuando se pretendió manejarnos desde Buenos Aires. Así , desde el origen, la legalidad está inscripta en el ADN nacional. La propia dictadura militar no se resignaba a lucir como usurpadora y por eso pretendió, en el plebiscito de 1980, abrazarse a la Constitución que había violado, reconociendo su ilegitimidad sustantiva.

Nuestra idea de nación incluye lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas ha definido como «patriotismo constitucional». En Argentina el Presidente es «de la Nación» y su banco oficial también es «de la Nación». En nuestro país el Presidente lo es de la República y así también se identifica nuestra mayor institución financiera. No es una casualidad. Es una definición de principios. El Uruguay es una República y solo una República, con lo que ello significa.

El 18 de julio, entonces, no es solo una fecha en el calendario. Es la celebración de un episodio que nos define como pueblo ante el mundo. Hagámoselo sentir, como podamos y por donde podamos, a nuestros jóvenes.

 

La coalición hacia adelante

Por Julio María Sanguinetti (CORREO DE LOS VIERNES)

Las vicisitudes políticas de coyuntura no torcerán el rumbo definido por el Partido Colorado: firme compromiso con la coalición de gobierno que integra desde su misma concepción.

La semana pasada se produjo la renuncia del economista Ernesto Talvi al Ministerio de Relaciones Exteriores. El hecho tuvo circunstancias especialísimas que han sido , como era de esperar, copiosamente reseñadas por los medios. Los hechos están ahí y ya no es del caso dar vuelta en torno a ellos.

El periodismo especializado, los analistas, han comentado la renuncia, sin duda relevante, desde puntos de vista muy variados. En cualquier caso estamos ante circunstancias inesperadas y ello llevó a que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado analizara la situación y declarara su renovado compromiso con la coalición de gobierno, aventando cualquier especulación al respecto.

En el gabinete, la sustitución del Canciller por un diplomático de notoria filiación nacionalista, marca un cambio importante de la representación partidaria. Ello no obsta a que saludemos con alegría la designación del Embajador Francisco Bustillo, cuya reconocida trayectoria en el Ministerio, la amplitud de su criterio y su identificación con el Presidente de la República, aseguran una gestión solvente. Junto a él permanecerá nuestra correligionaria Carolina Ache como Subsecretaria. Es una figura joven, profesionalmente calificada y de destacada actuación en el Partido Colorado desde la Prosecretaría de Derechos Humanos.

Ahora se sabe que el Presidente de la República ha decidido que un colorado ocupe el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es importante -e interesante- a la luz de las presentes circunstancias. Es una materia compleja pero de relevancia creciente, tanto en sustancia como en la preocupación ciudadana.

Lo fundamental hoy es mirar hacia adelante con talante afirmativo. No otra cosa cabe. El gobierno afronta una situación gravísima y sorprendente, que ha envuelto al mundo entero en un estado de conmoción. El fenómeno de salud ha sido enfrentado con un éxito reconocido internacionalmente, al punto que los uruguayos somos los únicos latinoamericanos hoy autorizados a ingresar a Europa. Las consecuencias económicas y sociales adquieren ahora el protagonismo, con un saldo enorme producto de la paralización de actividades. Las empresas, en general, salen muy heridas y en algunos sectores el desafío es la sobrevivencia misma. Es el caso del turismo, que representa el 15% de nuestra exportación y aproximadamente el 7% del empleo.

No estamos ante una situación como la de crisis de 2002, porque esta no es regional sino universal y, a la salida, no nos encontraremos con un mercado normal sino con una caída de actividad de la que nadie se ha librado. El desafío es gigantesco y no tiene precedentes. Hay que adquirir conciencia de esa realidad y asumir, por lo tanto, que el voluntarismo y la demagogia de reclamar lo imposible solo agravarán la situación. Asoma el debate presupuestal y se escuchan ya, como es lógico, el mar de las reclamaciones. La mayoría son legítimas, pero cuando todo es prioridad, nada es prioridad… Y de eso se tratará: de no perder de vista la perspectiva amplia, del conjunto y del futuro.

Ante ese panorama, más que nunca es fundamental que la coalición de gobierno responda como lo viene haciendo hasta ahora. Con debates internos, sí, pero con efectiva unida a la hora de decidir. El Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino, como ha dicho el Presidente reiteradamente, multicolor. Los demás partidos mantenemos nuestros perfiles aunque sin intransigencias. El Partido Colorado, nuestro partido, tienen en su esencia el sentido de responsabilidad para con el Estado democrático. Y a ese mandato histórico se debe. No significa esto, sin embargo, silencio o abstención frente a los problemas y sus eventuales soluciones. Así como en la ley de urgencia nuestros legisladores plantearon modificaciones y obtuvieron cambios relevantes, en todo el espectro del gobierno estaremos presentes con espíritu de armonía pero con voz propia.

Como a lo largo de nuestra historia, siempre oteando el horizonte.

 

El golpe en perspectiva

Por Julio María Sanguinetti (CORREO DE LOS VIERNES)

Estamos a 47 años del golpe de Estado. A 35 de ejercicio democrático luego del fin de la dictadura. Sin embargo, por una causa u otra, ese pasado sigue agitándose en el debate público y, como dice el periodista Nelson Fernández, «no es cierto que se hayan aprendido las lecciones del ´73».

Como bien señala Fernández, los que ejercieron la violencia, sea desde el intento revolucionario o el abuso golpista, siguen creyendo que actuaron con suficientes razones. Unos no asumen que llevaron el país a la desestabilización, luego de casi un siglo de paz; otros, no todos pero sí muchos del mundo militar, no reconocen que la dictadura transformó en víctimas a los victimarios de la democracia y cargó a las Fuerzas Armadas de la pesada mochila de las violaciones de los derechos humanos.

La cuestión es que solo quienes tienen más de 60 años tienen alguna idea de lo que ocurrió cuando el golpe y, sobre todo, en la situación que le antecedió. La nueva generación ha escuchado relatos que, en la cultura frenteamplista predominante en los medios docentes e intelectuales, están teñidos de una grosera parcialidad.

Estos días se han hecho evocaciones y del lado frenteamplista ha quedado claro que siguen al pie de una visión tergiversada de la historia que, más allá de interpretaciones, debería partir -por lo menos- de la verdad de los hechos. Éstos nos dicen que, en febrero de 1973, cuando realmente se produce el golpe, todos ellos, el Frente Amplio todo, el Partido Comunista, el Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y la CNT alabaron el programa golpista de los militares insurrectos contenido en los famosos Comunicados 4 y 7. Repitámoslo: el golpe comenzó en febrero, si entendemos por golpe de Estado la insubordinación del poder militar contra el civil, que fue lo que ocurrió entonces, cuando los mandos militares desacataron al Ministro designado por el gobierno, sacaron los tanques a la calle y llevaron al Presidente constitucional a aceptar sus condiciones.

El rechazo y las manifestaciones de hoy tendrían valor si fueran la consecuencia de ese reconocimiento. Pero no es así: se ignora que aceptaban el golpe si se les incluía en un «gobierno nacional y popular» de los «civiles y militares honestos».

Cuando uno señala estos hechos, de inmediato saltan, incluso historiadores, diciendo que esto es reconocer la «teoría de los dos demonios», atribuyendo toda la responsabilidad a la guerrilla armada y a los militares. Más allá de cualquier teoría, el hecho es que no se podría sostener el relato histórico sin la aparición de los tupamaros, que sacaron a los militares de los cuarteles. Esto no exculpa, por cierto, a los generales de entonces, pero es incuestionable que sin «guerra interna» no había golpe de Estado.

Es verdad que en los partidos democráticos hubo divisiones, intemperancias y personalismos, que llevaron a errores de apreciación. Pero no se pueden poner a la misma altura la equivocación política y el asesinato o el secuestro.

Es verdad también que fueron años difíciles económicamente, pero hasta el Che Guevara dijo en Montevideo, en 1961, que en Uruguay había una democracia plena a preservar y que el camino de la violencia era un extremo del que estábamos lejos, advirtiendo contra la tentación guerrillera: «Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es -precisamente- la posibilidad de expresar sus ideas; la posibilidad de avanzar por cauces democráticos… sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es que cuando se empieza con el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último…».

No sería justo, tampoco, dejar de reconocer que mi colega Mujica ha trabajado para la paz, que no ha cultivado el revanchismo y que, tanto él como Fernández Huidobro y el propio Bonomi, por más diferencias que hayamos tenido, no han trabajado para la grieta entre civiles y militares. Pero así como esto es un hecho, también lo es que el Frente Amplio ha sido arrastrado a una actitud revanchista, falsificadora de la historia y abusiva, por grupos políticos y gremiales que cultivan la intolerancia.

Ahí tocamos el corazón del tema. Si en 1973 perdimos la libertad es porque antes perdimos la tolerancia. Y ésta se desvaneció poco a poco, paso a paso, en la década anterior, por la acumulación del recurso a la violencia armada, la desmedida agitación sindical y la transformación de las aulas en campos de batalla ideológicos. Por eso cuando se quieren colgar carteles en los liceos o usar tapabocas con consignas, acaso sin advertirlo, quienes incurren en esos atropellos están trabajando para el debilitamiento de las instituciones. Gente con responsabilidades docentes no debe -porque es una barbaridad- ir a la televisión y decir que como la libertad de expresión es irrestricta, pueden ir con una mascarilla contra una ley, sin advertir que mañana podrán aparecer otros con otras mascarillas, que digan «abajo el comunismo» o cualquier cosa que se le parezca. La Constitución es clara, la ley es clara y la historia es clara. Por eso fue una atrocidad aquella proclama de los Inspectores de Secundaria exhortando a votar al Frente Amplio, cuando la ley dice que el que haga «proselitismo» o «invoque el vínculo» con el organismo al que pertenece, debe ser destituido.

Estas evocaciones, entonces, tienen sentido si suponen asumir responsabilidades. Ni siquiera se trataría de esos pedidos de perdón tan a la moda, pero sí -por lo menos- de que se acepte cómo fueron los hechos y que no pueden repetirse aquellas prácticas que nos fueron llevando a un mundo de intolerancia y confrontación que resultó suicida. Los «nunca más» -tan repetidos- no valen solo para los golpes militares sino para todas las formas de violencia, para el adoctrinamiento en la docencia y el abuso en la vida gremial.