Por Julio María Sanguinetti (Correo de los vieernes)

Un nuevo aniversario de aquel triste 27 de junio de 1973, en que se cerró por la fuerza el Parlamento, vuelve a dar lugar, por decir lo menos, a las más extravagantes consideraciones. Para empezar, la muy lamentable del Frente Amplio, asociando el golpe de Estado con el actual intento de referéndum contra la LUC, que sería una suerte de liberticidio. Si no resultara ridícula, sería indignante la comparación. Pero, en todo caso, es entristecedora, porque revela hasta qué punto esos vastos sectores antidemocráticos que anidan desde siempre en el Frente Amplio siguen allí, al pie de su intolerancia y su afán de mentir a destajo y sin pudor.

En términos más generales, vuelve a ocurrir lo que se reitera año a año, que es la exculpación de la guerrilla tupamara, que en los años 60′ trajo a la política del país la violencia armada. Eran tiempos de gobierno colegiado y ni la palabra del Che Guevara en la Universidad de la República, en agosto de 1961, sirvió para detener ese extravío revolucionario que estuvo en el origen -y en el final- del proceso que llevó a la caída democrática.

No se pueden relatar los hechos, eligiendo unos y desechando otros arbitrariamente. Tampoco todos tienen el mismo valor en el terreno de la caída institucional. No es lo mismo el error político de un dirigente, por grave que fuera, que secuestrar a un embajador o fusilar a cuatro soldados por la espalda.

Suele decirse, todavía, que los tupamaros combatieron a la dictadura, cuando toda su acción, desde 1963 hasta 1973, estuvo dirigida específica y expresamente contra la «democracia burguesa» y sus instituciones. También suele decirse que el golpe de Estado se dio para combatir a la guerrilla tupamara, cuando en realidad ya estaba absolutamente derrotada.

Estos son hechos. Lisos y llanos. No son interpretaciones y quien quiera aproximarse al tema con un mínimo de honestidad, debe partir de ese reconocimiento.

Naturalmente, un golpe de Estado rara vez es el resultado espontáneo de un momento, sino la consecuencia de un proceso. Y el golpe de 1973 no escapa a esa regla. Podemos hablar de 10 años, desde que se inició la violencia guerrillera hasta febrero de 1973, en que los mandos militares, victoriosos en su confrontación a la rebelión armada, asumieron un rol político y allí subordinaron al gobierno civil. Ese fue el inicio del golpe, que culminó en junio, pero que ya estaba en ejecución desde febrero. Y aquí importa recordar que el Frente Amplio como partido y la CNT como organización sindical, miraron con simpatía el programa del golpe, definido en los famosos Comunicados 4 y 7 de aquel «febrero amargo».

No tendría sentido esta recordación si no fuera por esa machacona prédica del Frente Amplio en el sentido que, como más tarde muchos de sus dirigentes fueron víctimas de la dictadura, se arrogan una suerte de exclusividad opositora que, lejos de ello, adolece del pecado original de su primera adhesión. Los hechos dicen que pretendieron subirse al golpe y que no se encaramaron porque en los mandos militares predominó la línea dura, que los bajó de un sartenazo.

Algo parecido ocurre con la famossa huelga general, a la que se le atribuye tono de epopeya, cuando no logró paralizar el país, al punto que a los dos días circulaban los ómnibus y el fin de semana siguiente jugaron normalmente Peñarol y Nacional con varios miles de espectadores.

Hasta nuestro respetado amigo Óscar Botinelli realiza un análisis en que toda la quiebra se le atribuye a las fragilidades del sistema politico y no a los enemigos de la democracia. Es verdad que eran años de una transición económica en el mundo que había afectado nuestro crecimiento exportador, con fuertes caídas de precios. Y también que la efervescencia sindical era muy fuerte, porque iba más allá de reclamos gremiales y pretendía también un cambio revolucionario en las estructuras productivas. La revolución cubana de 1959 sacudía la América Latina entera, con un viento revolucionario que había dejado sin margen a los viejos partidos de centro izquierda, socialdemocracia, democracia cristiana o simplemente progresistas, en el sentido habitual del término. El icono del Che Guevara con su boina recorría el mundo, mientras los medios intelectuales y universitarios bullían con ese espíritu de revuelta.

Es en ese clima que se vivía. Y si hubo que dictar medidas prontas de seguridad o adoptar excepcionales leyes de orden público, fue justamente para enfrentar el desborde de una acción de agitación que, combinada con la violencia organizada por los tupamaros, sacudía la sociedad uruguaya.

No puede entonces decirse con simplismo que el MLN fue el responsable de todo, porque la responsabilidad militar no le va en zaga y ha de reconocerse también que el panorama general hizo propicia la posibilidad del quebrantamiento. Tampoco se podría discutir con honestidad, sin embargo, que si se quita la acción guerrillera del relato de la caída institucional, nada tiene explicación. Los militares salieron de los cuarteles porque había guerrilla. El gobierno de Pacheco dio la batalla con la policía y la ganó, hasta que la fuga del Penal de Punta Carretas, a dos meses de la elección, puso todo al rojo vivo y no hubo otro remedio que encargar a las Fuerzas Armadas de la represión.

Eso fue lo que pasó. Que todo pudo ser distinto, es verdad, pero los hechos fueron esos y no se trata de justificar el desastre porque el «sistema político» fracasó. Aquí ocurrió que ganaron los enemigos del sistema, los tupamaros y los golpistas. Circunstancialmente ganaron, porque lograron su objetivo de derribar las instituciones, felizmente retornadas a la normalidad desde 1985. Las paradojas de la vida nos dicen que los militares, triunfantes en su terreno, perdieron luego en el político, cuando quisieron gobernar; a la inversa los tupamaros, derrotados como guerrilla, tuvieron luego clamoroso éxito en la vida política que despreciaron. Y ello hace que muchos analistas serios pierdan de vista la realidad de aquellos años y confundan tanto los hechos como las responsabilidades.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Aunque no hayamos caído en los niveles de restricción propios de los confinamientos, como Argentina o España, estamos todos cansados de las restricciones y soñando con «aquel» día en que dejaremos atrás la pandemia. Desgraciadamente, todo indica que ese minuto glorioso difícilmente llegue y que, por las noticias que arriban de todo el mundo, conviviremos mucho tiempo con ese tema, en variaciones aún imprevisibles. Sin duda estamos mejor que hace un mes y el horizonte empieza lentamente a despejarse, pero falta mucho para que se dispersen las nubes y todo resplandezca.

Las propias vacunas no han alcanzado aún el estatuto de totalmente aprobadas. Todas ellas se aplican con una autorización para situaciones de emergencia y, recién ahora, las evaluaciones hechas sobre el terreno, ya con grandes números, están permitiendo sacar conclusiones.

Si pensamos que llevamos un largo año y medio en esto y aún estamos tan a la mitad del camino en asuntos tan sustanciales, vamos llegando a la conclusión resignada que la pandemia y las vacunas convivirán con nuestras vidas bastante tiempo.

No estamos hablando como científicos sino como políticos -o ciudadanos- que observamos el panorama general y sentimos la necesidad de hacer esa advertencia para que se entienda que más libertad no significa menor prevención. Ya se puede viajar y es una muy buena noticia, pero -al mismo- tiempo cruzamos los dedos, porque de la conducta responsable de los compatriotas que viajen dependerá la salud general. Se informa que los vuelos están llenos para este mes de julio y que, con la avidez previsible, se prevé un aumento considerable de la salidas del país desde aquí al fin del año. Nadie puede dudar de que todo esto es más satisfacción personal pero -atención- asimismo más riesgo colectivo.

Hay entonces un mensaje también para las autoridades, que no pueden simplemente contemplar el flujo de los turistas y no pensar en la necesidad de extremar los cuidados.

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En otro orden, tenemos las consecuencias económicas de la pandemia. El gobierno plantea en la Rendición de Cuentas multiplicar su esfuerzo en los Centros CAIF, con un programa especial que reformula su actividad para prestar una asistencia integral, formativa, que disminuya las desventajas de la situación social. Es muy importante, especialmente para el Batllismo que creó los CAIF en 1988. También lo tendrá que hacer con la educación, que retornando a la presencialidad deberá pensar un año que viene en condiciones diferentes, con cambios importantes en la orientación pedagógica.

Se han producido ya modificaciones institucionales relevantes, pero el esfuerzo es más amplio. Cualitativamente más profundo. La reconfiguración de la comunidad educativa, la estructura curricular adaptada a los tiempos históricos, los textos liberados de la tendenciosidad frentista, que durante años ha configurado un intento (bastante exitoso) de adoctrinamiento, son desafíos inaplazables. Serán necesariamente polémicos pero impostergables.

El equilibrio entre un déficit que no se podrá bajar (esta fue una meta preelectoral hoy postergada) y rezagos sociales que hay que atender, es de una rigurosa exigencia. Pensemos en la gente que vive en la calle y en las 300 mil personas sin protección social de las que nos enteramos al desatarse la emergencia. Por supuesto, para los demagogos de moda no hay límite, se puede dar todo sin financiar nada y quien intente poner límites, será un insensible. Pero de ese equilibrio dependerá que la economía pueda el año que viene recoger más inversión y relanzarse con brío. Esto es fundamental: hay que salvar las empresas endeudadas y alentar a las que puedan instalarse, porque la prioridad sigue siendo el empleo.

El año pasado se pensaba que esta sería una Rendición de Cuentas de tiempos «normales». Está claro que no y que nuevamente la emergencia será prioritaria. No es época de jolgorio.

Como decimos, hay fatiga. Pero lejos de bajar los brazos, relajarnos y disminuir el esfuerzo, hay que respirar fuerte y tomar nuevo aliento. Así como llegamos el año pasado a un razonable fin de año, trabajemos para llegar mejor. Depende mucho de nosotros. Tanto o más que del gobierno.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Que el movimiento sindical es importante en cualquier país democrático, no hay duda. En unos más, en otros menos, pero en todos tiene un rol a cumplir, que es la defensa de los intereses de los trabajadores, dentro de un Estado de Derecho que -como en el Uruguay- reconoce derechos a los gremios, consagra el derecho de huelga y, al mismo tiempo, lo hace con otros derechos, que deben conciliarse armónicamente. Es lo que se hace en la LUC cuando, junto al derecho de huelga, se ratifica el derecho individual del trabajador que no desee interrumpir su trabajo y el de la dirección de la empresa a acceder a ella. En una palabra, sin prohibir expresamente la ocupación (cosa que a nuestro juicio hubiera sido más claro y mejor), se atenúan sus consecuencias más irritantes en desmedro de nadie.

Este motivo circunstancial mueve al PIT-CNT a hacer punta de lanza en un referéndum que pretende derribar 34 artículos de la LUC de modo y manera que significarían un golpe moral tremendo al accionar de una Policía que viene combatiendo, con denuedo, contra un crimen organizado que campeaba como dueño en nuestro país. Podríamos entender que nuestra organización sindical discutiera los artículos relativos al derecho de huelga. No lo compartimos pero es comprensible. No lo es en cambio, de modo alguno, este disparo al barrer contra toda una ley, con nefastas consecuencias sobre la sociedad.

En ese contexto, se resuelve un paro general. Ocurrió ayer, con más pena que gloria. El transporte en general funcionó, la gente de la salud respondió con la elevada actitud moral con que viene respondiendo y siguió trabajando, acatándose la medida sin mucho entusiasmo por un buen número de gente de trabajo en el país. A todo el mundo le quedó claro que la idea fue hacer un gran movilización, la mayor posible, para recoger firmas. Es notorio que se les viene haciendo difícil, porque aunque la mayoría de la ciudadanía no está informada (y los patrocinadores del recurso de referéndum hacen todo lo posible por confundirla) cada vez son más los que advierten que este es un paso lisa y llano de oposición al gobierno, con muy lamentables consecuencias.

En un momento como este, a la altura de la batalla que se libra contra la pandemia, realmente no le hace bien al movimiento sindical aparecer en esta actitud que poco tiene que ver con los derechos de los trabajadores.

Esto nos lleva a otro tema, mucho más amplio. ¿Cómo haremos para superar las consecuencias económicas de la pandemia? ¿De qué modo recuperaremos el empleo perdido? ¿Es posible esa recuperación cuando se ha difundido el teletrabajo, se han ajustado los presupuestos de las empresas a lo imprescindible para sobrevivir y el mundo digital ha ganado espacios impensables poniendo en jaque actividades hasta hoy cumplidos por el trabajo humano?

El desafío es universal. EE.UU. ha recuperado medio millón de empleos, con un crecimiento vigoroso. A Europa le cuesta mucho más. A nosotros también nos va a ser muy difícil y por eso mismo el gobierno está proponiendo medidas variadas de estímulo a que las empresas retomen personal o contraten nuevo. Por supuesto, nunca van a ser suficientes, pero son un paso importante. El otro lo tendrán que dar empresas y trabajadores y ahí viene una gran responsabilidad social del PIT-CNT para defender el trabajo de la gente. Y cuando decimos «de la gente» hablamos de la generalidad, porque a veces se confunde este interés con el de algunos grupos sindicalizados fuertes, en sectores de actividad en que hay empresas con posición dominante. Es el caso bien conocido de la lechería, donde las condiciones de los trabajadores de Conaprole es muy difícil de extender al resto de una industria compuesta por empresas mucho más débiles. Dicho de otro modo: la prioridad debería estar en el empleo y no en condiciones de trabajo que, por su costo, simplemente pueden llevar a una mayor sustitución de personal o -en muchos casos- al cierre de empresas que pierden competitividad en el mundo exterior.

El PIT-CNT tiene una ideología contraria a la economía de mercado. Parte de una concepción «clasista» de la sociedad, preservando una perimida mentalidad marxista, aunque oficialmente no se lo reconozca. Lo sabemos y lo respetamos. Incluso hasta tuvimos una polémica académica con Marcelo Abdala, en un ámbito universitario, sobre el pensamiento de Marx. Pero el tema va más allá: el mundo es capitalista, en sus diversas variantes, más autoritarias e intervencionistas en China o Rusia, en la otra punta los EE.UU. y en el medio Europa y América Latina. Ese mundo es global. Y nosotros, desde este lugar del profundo Sur, debemos batallar para que nuestra producción tenga lugar en él. Y para que la gente pueda -ante todo- tener trabajo y que él se preste en las condiciones más dignas y justas posibles, esfuerzo que el Uruguay ha hecho desde principios del siglo XX con los gobiernos batllistas, que crearon las instituciones básicas de la seguridad social que hoy siguen vigentes.

El mundo ha cambiado. Hemos pasado de la sociedad industrial a la digital. Se venía procesando esta transición tan difícil cuando la pandemia irrumpió y en un año produjo un salto de diez en la tendencias ya presentes. Es en lo que estamos y el PIT-CNT tiene un lugar muy importante para ayudar a buscar, junto al gobierno y el empresariado, las mejores soluciones. Ellas no vendrán con paros como el de ayer. Tampoco con un referéndum contra la LUC. Todo lo contrario. Hace falta que trabajadores y empleadores hagan un gran esfuerzo por entenderse. Y que el Estado pueda ayudarlos en lo que es la prioridad mayor: el empleo.

Tenemos que mirar al mundo para entendernos mejor entre nosotros.

AUDITORIA DE GAS SAYAGO REALIZADA POR PRICEWATERHOUSE COOPERS

En el mes de octubre pasado, UTE contrató a la empresa PricewaterhouseCoopers para realizar la auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora responsabilidad de GAS SAYAGO S.A.

Analizado el documento final de la auditoría por parte del Directorio de UTE y considerando el informe legal de nuestra Área Jurídica, podemos trasmitirles que en los informes se detallan múltiples evidencias que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio.

A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal.

Si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas UTE y ANCAP.

Algunas de las principales conclusiones que se detallan en el informe de auditoría de PWC son las siguientes:

• El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y ANCAP y con los 100 millones de dólares antes mencionados.

Esta suma no es final: primero deben agregarse las eventuales condenas ya que Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, segundo se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata lo cual está estimado en 8 millones de dólares, tercero los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la Sociedad mientras dure su liquidación, cuarto los gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabilidad de Gas Sayago.

Según se infiere del informe de auditoría se llega a estas cifras de pérdidas, por mantener vigente un proyecto inviable.

• PWC no detectó la existencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un Plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.

No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos.

• La clave para la viabilidad del proyecto, era la participación de Argentina. Ya en el 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad.

No obstante, se siguió adelante aun cuando en paralelo se estaban construyendo parques eólicos por más de 1000 MW, los cuales está demostrado que eran suficientes para abastecer la demanda de energía.

En este escenario, sin la participación de Argentina, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras un 84% superiores a los estimados, igualmente se prosiguió con el proyecto.

• Respecto a los procesos de contratación, en el informe de la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS. Esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos.

Los resultados del incumplimiento de OAS también fueron comprobados. OAS también subcontratista de GNLS, incumplió con sus obligaciones.

• Desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre 2019 en que comienza el proceso de liquidación de GSSA, en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó.

No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable. Esto hizo que de los 100 millones de dólares de la garantía: 20 millones fueran destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y  21 millones al pago de activo fijo.

• Si consideramos los gastos gestionados por GSSA, se puede destacar que se abonaron del orden de 10 millones de dólares por concepto de consultorías y también del orden de 10 millones de dólares fueron las remuneraciones abonadas entre 2012 y 2019.

Según la encuesta de remuneraciones de PWC, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. En particular, el salario del Gerente General se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016.

Los funcionarios contaban con una serie de beneficios: gastos por viajes al exterior (290 mil dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247 mil dólares), gastos de alimentación (212 mil dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido,  entre otros gastos superfluos.

En definitiva, este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable:    1) se sobredimensionaron ingresos y 2) se subestimaron egresos lo que generó un grave daño patrimonial al Estado.

Por tanto, el Directorio de UTE en el día de hoy aprobamos el Informe de gestión de Gas Sayago y decidimos ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Nuestro Presidente protagonizó el martes pasado una importante entrevista en el Canal 10. Tuvo el doble mérito de una aparición consistente y el de que lo hiciera en un medio y con una connotada periodista de un modo que ayuda a despejar malintencionados comentarios que pretendían hablar de presuntas represalias políticas.

En esa entrevista, una vez más el Dr. Lacalle Pou mostró seguridad y explicó el esfuerzo económico que el país esta haciendo para sostener el combate a la pandemia y no castigar con más desempleo aún a los sectores del trabajo nacional. El año pasado se gastaron 600 millones de dolares en la cuenta del Covid y este año van a ser 900. Y pese a los ahorros realizados en los gastos corrientes, el año pasado cerramos con un déficit del orden de los 3.000 millones de dólares, que se va a repetir este año.

No se puede perder de vista este hecho, porque así como el Frente Amplio empezó su gobierno con 11 mil millones y terminó entregándolo con 33 mil de deuda pública, este gobierno, obligado por estas circunstancias, sigue acumulando esos déficit que luego hay que financiar. ¿Cómo se hace? Pidiendo prestado y para eso es que se emite deuda pública, como acaba de hacerse en una operación que según el propio Astori fue inmejorable. ¿Por qué el Uruguay lo logra? Porque el sensible mundo del dinero observa que, aun en medio de las dificultades, no se ha descontrolado el gasto y permanecemos como un deudor solvente. Si el año pasado se le hubiera hecho caso a los que clamaban repartir dinero al barrer, hoy ni estaríamos comprando todas las vacunas necesarias, ni manteniendo los servicios sociales que se vienen cumpliendo, ni refinanciando los déficit sin zozobras.

Los que alegremente siguen pidiendo gastar más y más, no visualizan que ese es el camino al infierno que viene recorriendo nuestra hermana Argentina. Y que un Presidente como el Dr. Lacalle Pou, que llegó con la propuesta de reducir el déficit fiscal, asume hoy un enorme sacrificio político cuando ante esta inesperada pandemia le aleja de su objetivo inicial con la necesaria flexibilidad y la obligada prudencia de los límites.

Fue muy importante a nuestro juicio que en la Rendición de Cuentas se anunciaran medidas para fortalecer y universalizar el sistema de los CAIF de asistencia a la primera infancia. Esta institución, esencialmente batllista, que nació en nuestra primera presidencia, en el Ministerio de Trabajo de Hugo Fernández Faingold, es fundamental para atender a los niños de 1 a 3 años de los dos quintiles más pobres de nuestra sociedad. Ellos son los que acusan mayores rezagos cuando llegan a primaria y requieren que se les acompañe especialmente con una atención integral desde el inicio de su vida.

Del mismo modo, se anunció el propósito de seguir ampliando la protección que significan las asignaciones famliares, nacidas en 1944, en el gobierno batllista del Dr. Juan José Amézaga.

Aun con los acotados límites de gasto, resulta fundamental extremar el esfuerzo social en estos sectores de mayor vulnerabilidad.

En lo que hace al tema aún dominante de la salud, el Presidente reiteró su criterio de la «libertad responsable». Lo hemos aceptado y apoyado, pero cuando las circunstancias cambian, las «perillas», que él instrumentó como mecanismo de ajuste a las cambiantes realidades, también deben moverse. ¿Para marchar al otro extremo con un confinamiento? No, porque dañaríamos más aún a los que viven de su trabajo diario, costaría una fortuna en términos de producción y no se puede asegurar tampoco un gran resultado, como ha ocurrido en Argentina y incluso en países de Europa. Lo que sí parece necesario es afirmarse en las medidas de prevención y distanciamiento social que fueron exitosas en la primera etapa. Israel, el país de mayor eficacia en el tema, recién hace muy pocos días que levantó la obligatoriedad del tapabocas en todos los lugares públicos, sin excepción. Hoy sabemos que el mayor mecanismo de contagio viene por esa vía de la respiración.

Sea con medidas de esa naturaleza o las otras que se estime (no nos introducimos en el camino de los especialistas) tenemos que seguir atravesando esta etapa luctuosa, con tasas de mortalidad inesperadas, hasta que la vacuna opere.

A nuestro juicio, el país -pese a la mortalidad- no asume a cabalidad sus riesgos. Está faltando la apelación dramática a la disciplina social. Basta salir a la calle para advertir demasiada desaprensión. El Día de la Madre fue muy preocupante. No se trata de sacar a la calle a la policía a reprimir a derecha e izquierda, pero sí de que los servicios de contralor laboral y sanitario extremen su acción y con medidas pedagógicamente ejemplares mantengan la conciencia alerta de la población.

En el orden político, el Presidente volvió a mostrar su apertura al diálogo con las oposición, pese a la actitud agria -y hasta mezquina- de muchos de sus dirigentes. También fue serenamente contemplativo para los matices que se dan en el funcionamiento de la coalición, donde algunos nacionalistas en ocasiones no asumen que son socios y no propietarios del gobierno y otros caen en la recurrencia de procurar perfiles personales que comprometen el propio fin buscado.

La conferencia del martes, en todo caso, llenó un espacio que estaba reclamando presencia. Bien recibida por la opinión, debe continuarse, de un modo u otro pero continuarse, para que se entiena que la responsabilidad es de todos y que el gobierno no está sentado esperando el milagro de la vacuna sino haciendo lo necesario para que él se revele. Sin duda, todo el gobierno y la coalición «están a cargo». Es importante que así se vea, y se sienta, con rotundidad.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

Cuando creamos el Ministerio de Turismo, en 1986, en nuestra primera Presidencia, lo hicimos pensando en darle coherencia e impulso a las imprescindibles políticas de desarrollo de un sector que venía creciendo al impulso privado no siempre con orden. A partir de entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Se estima que es un 11% del total de la ocupación del país, lo que mide su relevancia social. En el terreno económico también es innegable su importancia, estimándose en el entorno de un 3,4% del PBI, aproximadamente, si nos ubicamos en una cifra de U$S 1.700 o 1800 millones de ingresos por ese concepto; mucho más -en torno a un 8%- si a esa cifra le sumamos los servicios, como hacen las estadísticas habituales.

Para el Partido Colorado, entonces, el turismo es uno de los grandes objetivos del desarrollo nacional y para él trabajamos años y años, desde la restauración patrimonial de Colonia hasta el desarrollo del turismo termal. Por eso mismo, en el actual gobierno de coalición se propuso a uno de sus mejores hombres en el tema, el Dr.Germán Cardoso, para ocupar el Ministerio. A él, como a todo el país , el 13 de marzo se le cambiaron todos lo planes y lo que se pensaba fuera planificar una expansión normal, ha tenido que ser una estrategia defensiva para salvar lo más posible en medio de un vendaval arrasador.

En el mundo entero se reconoce al turismo como el sector de actividad más dañado. La Organización Mundial de Turismo, que ubica en un 4% la caída de la actividad cuando la crisis financiera de 2009, establece para el año 2020 una caída del 74% de las llegadas. Es el peor año de la historia. Quizás nada sea más dramáticamene expresivo que la imagen de una Venecia desierta, transformada en una vacía y dramática escenografía.

Nuestro país ha sufrido, naturalmente, enormes daños. Siendo nuestro turismo un 70% de extranjeros y 30% de nacionales, es evidente que se vive el derrumbe inevitable de los cierres de frontera. Basta señalar que si el hospedaje en general ha caído a la mitad, un 50% aproximadamente, es porque se ha intensificado el turismo interno para que la caída no fuera aún mayor. Naturalmente, los uruguayos tienen menor poder adquisitivo que los argentinos o brasileños veraneantes que configuran el turismo habitual, de modo que todo empieza por reconocer esta situación de guerra (o catástrofe).

Frente a ella, el gobierno adoptó muchas medidas generales que trataron de paliar la situación de las empresas, especialmente medianas y pequeñas, como fueron los créditos con la garantía del Estado (SIGA), que alcanzaron a 13 mil empresas de esa categoría, entre las cuales están las turísticas. Sin olvidar, naturalmente, la protección al personal desocupado, con el seguro de desempleo, acrecentado con la nueva modalidad más flexible, con gastos superiores a los 250 millones de dólares.

Hubo, además, muchas medidas específicas, de diversos orden. Para estimular a los consumidores se suspendió el IVA para los servicios hoteleros, se redujeron 9 puntos del IVA en gastronomía y arrendamiento de vehículos. Se exoneró del pago de IRPF a arrendamientos turísticos con operaciones inmobiliarias, el Banco de la República lanzó su tarjeta Masterard BROU «Recompensa» y hasta se negoció con los supermercados una canasta turística de 300 artículos.

Estas medidas, como la plataforma de apoyo al turismo interno y la promoción de los circuitos turísticos nacionales, generaron un interesante incremento en la demanda en algunos lugares. Uno tradicional, como las termas, tuvo un funcionamiento muy interesante. Y algunas actividades al aire libre, en el campo o en lugares pintorescos, se duplicaron, dejando el remanente de un conocimiento del país no siempre cabal para todos los uruguayos urbanos.

A los operadores se les dispuso una línea especialísima de los ya mencionados créditos SIGA, pensado para hoteles, campings, restaurantes, agencias de viajes y todas las diversas ramas del sector. Asimismo, se autorizó a las empresas de intermediación financiera a extender el período de gracia para la amortización del capital hasta 12 meses, en las situaciones problemáticas. El BPS aportó $8.000 para subsidiar el sueldo de cada un nuevo empleado o cada empleado retomado del seguro de desempleo en servicios hoteleros o gastronómicos. A los guías turísticos se les implementó un subsidio mensual transitorio de $6.700. Se aprobó la Ley 19.913 sobre exoneración de los aportes patronales al BPS para agencias de viajes y empresas de transporte turístico. Se prorrogaron pagos a DGI y a BPS de los monotributistas. UTE y OSE ofrecieron una exoneración de cargos fijos y otras facilidades. Podríamos seguir enumerando una larga lista de medidas de alivio, que si bien no cambiarán lo fundamental de la ecuación, porque el gasto de los turistas no se puede reinventar, tienden a tratar de salvar lo más posible a las empresas en situación crítica.

¿Falta? Por supuesto, falta y seguirá faltando. En lo particular, hay sectores como el de eventos, que no han caído específicamente en algunos beneficios de los mencionados, o el de agencias de viaje, que están requiriendo un tratamiento especial porque su actividad ha sido totalmente nula. Nadie ignora estas situaciones. En nuestro Partido hemos analizado todas ellas y a través de nuestro Ministro seguiremos luchando codo con codo por una actividad que en el último medio siglo pasó de ser Punta del Este y poco más, a todo un país que se está descubriendo a sí mismo.

Se puede razonablemente pensar que el proceso de vacunación, en tres o cuatro meses, permitirá al mundo aflojar fronteras y mirar el futuro con algo más de tranquilidad. Lo perdido es irrecuperable, porque si en el conjunto del país se perdieron entre U$S 1.500 y 1.800 millones de producción, este agujero ya fue. El desafío es que no se siga agrandando y se desarme la máquina de trabajo , que tendrá que estar disponible cuando tenga posibilidad de ponerse en marcha. Esto es muy complejo, tan complejo como que en una punta tenemos grandes hoteles y en la otra pequeños empresarios que tienen una camioneta o filman fiestas, con una plétora formidable de actividades muy diversas.

Nadie está feliz. Todos estamos preocupados, pero se están haciendo cosas y se seguirán haciendo. Ninguna dará satisfacción total, pero si se gana tiempo de sobrevivencia, no es alocado soñar con que la temporada turística que alumbre este fin de año sea la mejor en medio siglo.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

El 8 de febrero cometí la «osadía» de recordar en un pequeño tuit que se conmemoraban 48 años del inicio del golpe de Estado, evocando la resistencia de la Armada comandada por el Almirante Zorilla y el apoyo que el Frente Amplio y la CNT le dieron a los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas.

De inmediato las redes se incendiaron de vituperios frentistas y hasta no faltaron periodistas confundidos, comentando lo que veían como una discutible «opinión» mía y no una simple constatación de hechos. Ellos inequívocamente dicen que la dirigencia de izquierda, política y sindical, intentó sumarse al golpismo en 1973, estimando coincidencias con los postulados militares. Frente a la posición de los partidos tradicionales de que el dilema era «institucionalidad o golpe», se instaló la tesis de que era «entre oligarquía y pueblo». Para que los lectores actuales lo vean claramente, basta leer el editorial del mismo 9 de febrero, en que el diario comunista «El Popular», vocero tradicional de ese partido lo define: «Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo». O sea que la institucionalidad no es la prioridad y hay que intentar un gobierno con los militares.

El propio General Seregni es arrastrado al extravío y en la noche del 9 de febrero, cuando las instituciones estaban en vilo y los tanques en la calle, pide la renuncia de Bordaberry, sosteniendo que sólo es posible abrir un diálogo a través de «la interaccion fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia». A la misma hora, las Fuerzas Armadas lanzaban su primer Comunicado programático (el 4), anunciando que pasarían a participar activamente en la vida cívica y a impulsar un programa de gobierno

El Comité Central del Partido Comunista, pese a que el comunicado 7 despotricaba contra el marximo, soslaya el tema y sigue hablando de la «unión de los orientales civiles y militares».

El socialismo estaba en la misma línea y tanto Vivián Trías como José Dìaz sumaron su voz a la tesis de intentar el famoso co-gobierno civil y militar.

Hasta el Partido Demócrata Cristiano, sector de tradición democrática y de una izquierda muy moderada, se suma, felicitándose de que se rompe la «alianza trágica entre la ultraderechas y las FF.AA» y ahora se abre una oportunidad, para «no volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido».

En el Parlamento se escuchan las mismas voces. Para todo el Frente Amplio, la institucionalidad no es prioritaria.

Es más, la CNT no se quería resignar a que el antimarxismo proclamado por los militares les excluía. Hasta un mes y medio después, el 29 de marzo, lanzaron una proclama diciendo que «hemos valorizado los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, donde se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa».

En una palabra, contra el golpe, en aquel momento solo estuvo claramente el Batllismo y , pese a algunas confusiones, el wilsonismo. La izquierda toda con el golpe, confiando en que el General Álvarez, el «Goyo» Álvarez, aunque hoy parezca chiste, abriera el camino hacia un gobierno «nacional y popular», en la inspiración del que había llevado adelante en Perú el General Velasco Alvarado. Esa era la idea. La única voz disidente fue la de Carlos Quijano, en Marcha, que claramente escribió que lo primero eran las instituciones.

Esa es una realidad. No olvidemos tampoco que el otro sector de la izquierda,hoy pacificado, el MLN, había iniciado en 1963, en plena democracia de un gobierno colegiado de nueve miembros, más deliberante que ejecutivo, una acción violenta para derribar las instituciones democráticas. Eran los años del sueño de extender la revolución cubana. Ni siquiera escucharon la voz del mismísimo Che Guevara, que en el Paraninfo de la Universidad, en agosto de 1961, había dicho que el Uruguay era la mayor democracia latinoamericana y había libertades para conservar. Esa acción guerrillera fue la que sacó a los militares de los cuarteles y si nada puede excusar la responsabilidad de sus mandos en el golpe, es incuestionable que sin esa presencia violenta no se explica la desestabilización que terminó en golpe.

O sea que las dos vertientes de la izquierda uruguaya, la revolucionaria, y la política se sumaron , con ambición y oportunismo, al golpe de Estado que se inició el 9 de febrero de 1973, cuando se consagró la irrupción militar en la vida política nacional y la subordinación del poder civil. A la inversa, Jorge Batlle fue preso en octubre de 1972 por denunciar la complicidad de un grupo miliar con los tupamaros. Y Vasconcellos, con su «Febrero Armargo», realizó el más fuerte alegato en contra del malón militar que se venía. Dicho de otro modo: si no entraron al golpe fue porque el sector militar más conservador (Cristi y Zubía) mediatizó las ambiciones de Álvarez y bajó del ferrocarril, de un sartenazo, a los sindicatos y políticos que reclamaban un asiento.

A lo largo de muchos años, desde la restauración democrática se ha intentado cambiar los hechos. Muchos jóvenes se asombran cuando comprueban que los tupamaros no dsipararon un tiro contra la dictadura, que ya estaban presos cuando el golpe de Estado y que sus diez años de asesinatos y terrorismo solo se lanzaron contra la democracia. Y por eso, desgraciadamente, hay que volver a recordar estas circunstancias para que los hechos, simples hechos, hablen por sí mismos.

Todo esto, con ser importante como historia, tiene también una particular vigencia. Porque es lo que explica que para la mayoría del Frente Amplio, Venezuela no es una dictadura y Cuba sigue siendo una revolución en marcha después de medio siglo de una tiranía hereditaria, sembradora de miseria.

Nos gustaría estar discutiendo los caminos del futuro, pero ellos nunca se encontrarán si no despejamos los extravíos del pasado.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

A todos les he dicho lo siguiente: el Partido Colorado ocupa el mayor lapso de gobierno en la historia del país, sus instituciones están configuradas a nuestra imagen y semejanza, el Estado Batllista es una realidad que quisieron desarmar los blancos en 1959, que pretendieron derrumbar -aun por la violencia- los frentistas y que nadie pudo con ella porque es el ADN nacional. De esa larga historia surge nuestra vocación de gobierno, nuestro sentido de responsabilidad institucional y social, nuestro racionalismo. Éste muchas veces nos ha jugado en contra por cumplir nuestro deber, pasara lo que pasara: fue, por ejemplo, la crisis de 2002, en que el Partido hizo lo que había que hacer, salvó al país de la quiebra; hoy lo reconocen todos, pero pagamos un durísimo peaje electoral porque la mayoría de la gente no lo entendió.

A fines del período frentista lanzamos la idea de la coalición, en mayo de 2018. Fuimos parte fundamental de la construcción de una alternativa política que finalmente triunfó y hoy integramos ese gobierno de coalición.

En el gobierno hay Ministros, hay Subsecretarios, hay directores de Entes Autónomos. Naturalmente, no podemos ignorar que la renuncia al gobierno y a la vida política de quien fuera nuestro candidato, nos generó un momento de desacomodo. Pero hoy el partido está funcionando con normalidad, sus tres sectores trabajan con cordialidad y espíritu constructivo, el Comité Ejecutivo Nacional se reúne virtualmente todas las semanas y viene cumpliendo muy bien.

Esta semana hicimos una propuesta importante de nuevo impulso para el gobierno que integramos. El texto del documento lo publicamos en esta edición y lo hemos comentado en diversos medios radiales y televisivos, a partir de una conferencia de prensa, con el fantástico mural de Bategazzore como fondo colorido. La propuesta es colorada y batllista cien por cien. Colorada porque respira responsabilidad y sentido patriótico. Batllista porque apunta a atender las necesidades sociales mayores e impulsar las obras que puedan generar empleo. Bien opuesto a las ideas del Frente Amplio, que era repartir mucha plata al barrer, no crear un puesto de trabajo y comprometer el crédito del país. Si hubiéramos gastado 1.500 millones de dólares en cuatro meses de la famosa «renta universal», hoy -cuando la pandemia nos ha demorado más de lo esperado- estaríamos en crisis total. Cuatro meses nos habrían aplaudido, luego se habría enojado la gente al terminar el subsidio y hoy habríamos comprometido el imprescindible crédito nacional y no tendríamos ni para las vacunas.

Sobre estas bases seguiremos trabajando. Si el gobierno de coalición sale bien, habrá posibilidades para todos y de eso se trata, entonces. Luego, el Partido mejor posicionado y los candidatos más creíbles harán la diferencia. Nosotros, militantes, y me ubico en ese rol más que en el de Secretario General, tenemos que mantener viva la esperanza. Trabajar con la gente. Estar cerca de ella. Naturalmente, mucha se nos acerca en busca de apoyo para trabajo, y bien sabemos que eso hoy es muy difícil. Pero hay que decir la verdad y apostar a que la actividad se reanime. Ya vendrán los candidatos. Serán los que más se luzcan en este tiempo, los que más confianza inspiren. Los habrá, porque el Partido Colorado tiene un caudal enorme de dirigencia. Hay espacio para crecer.

Miramos el año que se inicia, entonces, con un doble sentimiento. La convicción de que pasaremos un invierno duro, acaso peor que el anterior, porque las empresas y las personas estarán más exhaustas, pero también con la esperanza de que llegaremos a la primavera con mejores perspectivas.

Colorados, a creer y trabajar. Trabajar para creer.

Por Julio María Sanguinetti (Correo de los viernes)

En lo inmediato hay que salir con responsabilidad de la emergencia sanitaria que azota al mundo, pero sin perder de vista los desafíos estructurales que como país tenemos por delante.

Keynes dijo una vez que «en el largo plazo estaremos todos muertos». En una palabra, cuidemos del presente para que alguna vez haya futuro. Sin duda ese es nuestro desafío, solo que esta vez se trata de salir vivos de ese acuciante corto plazo que nos ha regalado, como un rayo caído del cielo, una naturaleza que no acepta fácilmente el dominio de los humanos.

Ahora se vive en el mundo un inesperado reverdecer de la pandemia y, al mismo tiempo, la proximidad de unas vacunas que se reclaman como un fetiche, en medio de una competencia de egos populistas, orgullos nacionalistas y -faltaba más- intereses de una de las industrias más poderosas del universo.

Las vacunas llegarán, lentamente irán produciendo su efecto sanitario pero, al mismo tiempo, otro aflojamiento de hábitos, que muy probablemente nos introduzca nuevamente en otro retroceso si es que no entendemos.

Más allá de estos avatares «pandémicos», pasada la LUC y el Presupuesto, estaremos avizorando otros temas y otros horizontes.

El año que viene hay que hacer la reforma de la seguridad social. A nuestro juicio no se trata de volver a discutir sus pilares básicos, sino adaptarlos a las nuevas circunstancias y rescatar el sistema del desbalance que significó la ley de 2008, votada a tambor batiente al grito de como está entrando dinero, gastémoslo ya en jubilaciones, inventemos las más posibles con testigos complacientes, bajemos los años de contribución y, de un saque, aumentemos un 20% la plantilla de pasivos. Esperemos que la demagogia no obnubile el juicio y que partidos que aspiran a continuar -o retener- el gobierno, mejoren su herencia. Es este año o casi nunca…

Al mismo tiempo, hemos de poner en marcha nuevos planes y nuevos métodos en un sistema educativo de insuficientes resultados. Tenemos que reaccionar frente a la inercia conservadora de estos 15 años dedicados machaconamente a detener el impulso reformista de 1995 y transformar el proceso formativo en adoctrinamiento. La historia se redujo a la llamada «reciente» y jóvenes que ya ni saben lo que es el pensamiento artiguista o cómo se gestó la reforma vareliana, fueron atosigados con una versión de película de «cowboys», en que los pobres tupamaros luchaban contra una dictadura oprobiosa surgida de las entrañas de los partidos tradicionales. Nadie explica que cuando vino el golpe de Estado ya no había tupamaros libres, que toda su acción violenta fue contra la democracia y que, si nada excusa la responsabilidad de los mandos militares de la época, es incuestionable que solo salieron de los cuarteles por la acción guerrillera. Es esencial conocer la historia para conocer el presente y salir de las leyendas negras y estereotipos ideológicos lamentables que se han difundido desde el Estado mismo.

La política exterior, por su parte, deberá recuperar su ritmo tradicional para que nuestra clásica bisagra articuladora entre Argentina y Brasil nos permite reactivar y reformar este Mercosur languideciente, en que nadie se habla, mientras Europa da largas y largas al acuerdo cuyo inicio estuvo en aquel lejano 15 de diciembre 1995, en el Palacio de Oriente de Madrid, en que lo firmaron nuestro Canciller Ramos y el Ministro Solanas de la Union Europea, ante la mirada de todos los presidentes europeos, los Reyes de España y el presidente de Uruguay. Hoy, además de este desafío europeo, tenemos a China de un lado y del otro a EE.UU. con un nuevo gobierno, que esperemos pongan pausa a este nostálgico y anacrónico remedo de guerra fría que había lanzado Trump. Tenemos que reinstalarnos en ese escenario y esto no es metáfora diplomática sino imperiosa necesidad.

Naturalmente, las actividades productivas tendrán que reencender motores. La obra de UPM y el ferrocarril anexo, seguirán avanzando hacia una culminación que por fines de 2022 entrará en vigor a pleno y hará de la celulosa el primer producto exportable del país, como expresión mayor del éxito de la política forestal iniciada en 1987. Hay que reencauzar la industria láctea, la vitivinícola, volver a revitalizar el arroz y, más allá de la agropecuaria, ponerle todo el énfasis a las nuevas tecnologías. En este tiempo de pandemia se ha visto el valor de la ciencia, pero muy especialmente el de la tecnología digital. Las aplicaciones creadas para enfrentar el virus, el Zoom como medio de comunicación social, el teletrabajo, nos han dicho que ahí está un camino que el país viene ya recorriendo y que ahora debe reimpulsarse vigorosamente. En nuestro país, como en el mundo, la demanda de personal técnicamente capacitado está insatisfecha, mientras se estrechan progresivamente las posibilidades de las tareas no especializadas. Se hace imprescindible un programa de estímulo que promocione esta actividad, especialmente las nuevas empresitas que van naciendo.

Nuevas fronteras se abren en el terreno ambiental y en un mundo social de enormes carencias, que ha quedado al descubierto cuando estalló la pandemia. El propio Frente Amplio habla de 400 mil uruguayos necesitados de apoyo, lo que desnuda la falsedad estadística de la baja de la pobreza, publicitada hasta el hartazgo por los gobiernos anteriores. Las necesidades son enormes y variadas, desde la alimentación hasta la vivienda, la escolarización de los niños hasta el trabajo de sus padres y la amenaza del crimen organizado en los barrios populares, que acosa y tienta a esa juventud con escasas posibilidades de trabajo. El Uruguay histórico de las clases medias se encuentra con esa nueva realidad, que el Frente Amplio escondió y maquilló. Será una ardua tarea, de resultados inciertos y de lenta evolución, pero imprescindible para que ese sector social no se enquiste en la marginalidad cultural y de hecho deje de pertenecer a nuestra clásica sociedad, basada en vastas clases medias trabajadoras.

No se trata de inventariar problemas, pero sí asumir que si el gobierno de coalición arrancó con enormes desafíos, hoy se han multiplicado, porque la pandemia obligó a gastar cuando había que ahorrar, a endeudarse cuando había que pagar, a ensanchar el agujero fiscal cuando había que reducirlo. Como no se puede echar atrás el tiempo, esto es lo que tenemos por delante y nosotros, nuestro Partido, una vez más estará a la altura de esas responsabilidades.

Esa es nuestra historia y también nuestro destino.